La Asociación Guerreros de la Artritis (AGA) emitió un comunicado repudiando lo que califican como un “atropello inaceptable” en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde funcionarios administrativos, bajo la excusa de que “es el mismo medicamento” o “es del mismo laboratorio”, supuestamente alteraron y sustituyeron medicamentos prescriptos por especialistas médicos.
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Desde el AGA indican que el reclamo se realiza tras un hecho ocurrido en el IPS, donde una paciente acudió a retirar su costosa medicación y, en lugar del fármaco original, recibió un biosimilar con argumentos engañosos.
La AGA alerta que estas decisiones administrativas “ponen en riesgo la salud” de los asegurados. Denuncian además, que el IPS prioriza criterios económicos sobre la soberanía terapéutica de los médicos tratantes.
IPS: biosimilares e intercambiabilidad
Desde la asociación reiteran que la intercambiabilidad de un medicamento solo puede ser producto de una “decisión conjunta entre médico y paciente”, basada en información clara y consensuada.
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“Recordamos con claridad que la intercambiabilidad no debe ser impuesta ni mucho menos decidida por personal ajeno al equipo tratante”, dice parte del comunicado de la AGA.
Asimismo, resaltan que los fármacos biológicos son esenciales para el control de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y, que la interrupción del tratamiento o el cambio de fármaco no supervisado por el médico especialista, puede generar graves recaídas y complicaciones irreversibles, aumentando el riesgo de discapacidad en los pacientes.
Falta crónica de medicamentos
Esta denuncia no es un hecho aislado en el IPS, ya que en múltiples ocasiones los pacientes denunciaron la falta crónica de medicamentos de alto costo, así como la presión institucional para el uso de biosimilares.
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Durante los últimos meses del 2024 y primeros del 2025, los pacientes con artritis, denunciaron repetidamente la carencia de medicamentos biológicos esenciales como el Adalimumab, que tiene un costo que oscila los US$ 2.500 por dosis, obligándolos incluso a plantear amparos colectivos.
Anteriormente, en 2023, la Federación de Asociaciones de Pacientes del Paraguay se pronunció contra el uso indistinto de biosimilares, advirtiendo que la “búsqueda de ahorros económicos” no debe poner en peligro la vida.
“Ningún funcionario administrativo debe tener la potestad de sustituir una receta médica. Exigimos al IPS respeto por la soberanía terapéutica”, piden desde la AGA.