De acuerdo con datos proporcionados por fuentes judiciañ, en los primeros día de septiembre, un exfuncionario del área de mantenimiento del Poder Judicial, identificado como Cristóbal Torres Díaz, había contactado con excompañeros de dicha sede haciendo consultas relacionadas a la jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, que tramitó causas como A Ultranza, Mercat, Belia y otras más.
De acuerdo con los datos, el 26 de agosto de 2025 un funcionario del área de carpintería había recibido un mensaje, vía WhatsApp, de parte de Torres Díaz. A través del mismo, Torres Díaz le consultó si conocía el domicilio de la magistrada, pero aquel le respondió que desconocía.
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Por su parte, un funcionario del área de mantenimiento también había señalado que el 3 de setiembre, a las 19:51 recibió a su WhatsApp un mensaje de Cristóbal Torres, en el cual le pedía un favor consistente en conseguirle el número de chapa del vehículo de la jueza Montanía.
El 4 de setiembre, a las 11:56, Cristóbal Torres volvió a contactar con el funcionario judicial para consultarle si la jueza fue al Palacio de Justicia ese día, a lo que el otro hombre le contestó que estaba, pero que no “había visto su pedido” anterior. A las 12:06, Torres volvió a escribir, pero esta vez para preguntar dónde estaciona su rodado la magistrada, el sujeto respondió por nota de voz que desconocía el automotor de Montanía.
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Ante estas consultas, insistentes, para identificar a la magistrada es que uno de los funcionarios consultados por Torres, denunció el hecho al jefe de seguridad del Poder Judicial, Freide Amarilla, y el mismo a su vez puso a conocimiento de la Policía y la Fiscalía.
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Insistió en que era para pedir trabajo a jueza
Tras los datos obtenidos, policías del Departamento Antisecuestro de Personas rastrearon y se constituyeron el 11 de septiembre en el domicilio de Cristóbal Torres, ubicado en Luque. La presencia de la Policía sorprendió al hombre.
Ante la consulta de los investigadores, Torres manifestó que todas esas consultas eran con el fin de poder esperar a la magistrada y así poder solicitarle oportunidades de empleo. Supuestamente, porque en algún momento ella “le había dicho que acuda a ella si necesitaba empleo alguna vez”.
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Tras dicha diligencia, los policías elevaron una nota al Ministerio Público con una recomendación para citar a declaración testifical al hombre.
El fiscal Lezcano tomó la declaración testifical a Cristóbal Torres en sede fiscal. Durante la diligencia, Torres dijo que trabajó en el Poder Judicial y había renunciado porque no le alcanzaba el dinero, debido a su traslado diario desde Luque a Asunción. Insistió en que solo queria encontrar a la jueza para pedirle trabajo.
Sin motivo para incautar teléfono
Luego de la diligencia el fiscal Lorenzo Lezcano no dispuso la detención de Cristóbal Torres, por lo que el mismo quedó libre; tampoco la incautación del teléfono celular del sospechoso, con el objeto de realizar diligencias investigativas relacionadas a la extracción de datos.
Ante la consulta sobre esto, Lezcano dijo que “seguimos la investigación”. El fiscal añadió que no ordenó la detención porque “no hubo amenazas, no se acercó a la jueza”, lo cual indica la inexistencia de un hecho punible.
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Por otra parte, indicó que no dispuso la incautación del teléfono porque no había elementos para que pueda disponer tal cosa. Pero remitió oficios solicitando informes a las compañías telefónicas sobre los tres números de teléfono registrados a nombre de Cristóbal Torres.