Uno de los casos más recientes ocurrió el 28 de septiembre en el barrio Virgen del Rosario de Cabañas, donde un hombre de 58 años fue asesinado a puñaladas por sus propios sobrinos, todos jóvenes con problemas de adicción.
Según los familiares, el crimen no tuvo móvil de robo, sino que se habría originado tras una discusión. El hecho conmocionó a la comunidad y volvió a poner en evidencia cómo las adicciones están destruyendo vínculos familiares y generando episodios de extrema violencia.
Otro episodio similar se registró en el barrio Guaraní de Atyrá, donde dos jóvenes armados encañonaron a dos viveristas a plena luz del día. Las víctimas denunciaron que los agresores estaban con efectos de sustancias. Aunque no hubo heridos, el ataque generó temor entre los pobladores.
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Más de 5.000 personas sufren de adicciones
Estos hechos se suman a una larga lista de episodios vinculados al consumo de drogas en Cordillera.
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De acuerdo con datos de la oficina regional de Antinarcóticos, más de 5.000 personas del departamento padecen algún tipo de adicción, y el 80% son menores de 25 años. La mayoría proviene de sectores vulnerables donde el crack y la marihuana circulan con facilidad debido al avance del microtráfico.
En Caacupé, considerada una de las zonas más afectadas, se calcula que hay más de 1.000 jóvenes consumidores, mientras que otras localidades como Tobatí, Eusebio Ayala, Emboscada, Caraguatay e Isla Pucú enfrentan las mismas situaciones.
Incluso se reportan casos de menores de 14 años que ya consumen drogas o cometen delitos para sostener el hábito.
Pese a los más de 40 allanamientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en julio de este año, los ciudadanos aseguran que el problema persiste. “Se hacen operativos, pero al poco tiempo todo vuelve a ser igual. Los chicos no tienen apoyo, ni oportunidades por eso eligen vivir asi”, expresó una pobladora de Caacupé.
En busca de soluciones, en enero de 2025, se inauguró en Piribebuy el Centro de Rehabilitación Ditres, con capacidad para 30 jóvenes, donde se habilitó un espacio gratuito de tratamiento de adicciones. Sin embargo, esto resulta insuficiente ante la magnitud del problema.
La Policía Nacional también impulsa charlas en escuelas de Caacupé, San Bernardino, Arroyos y Esteros y otras comunidades para prevenir el consumo desde temprana edad, aunque los esfuerzos son esporádicos y dependen de la disponibilidad de personal.
“El problema no se va a resolver con allanamientos ni con charlas sueltas. Se necesita un trabajo sostenido con las familias y un Estado que esté presente para nuestros jóvenes”, sostuvo Sonia Céspedes una maestra de Caacupé.
Mientras tanto, las comunidades del interior cordillerano siguen expuestas a una crisis silenciosa que combina pobreza, falta de oportunidades y adicciones, una triste situación que se está cobrando vidas y desintegrando familias.
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