Wilfrido Cáceres debe ir a juicio por corrupción, insiste Fiscalía

Con la ratificación de la acusación fiscal inició ayer la audiencia preliminar para Wilfrido Cáceres, ex jefe de Gabinete del ex intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción; sindicado por los hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Con respecto a su esposa y las otras dos acusadas en la causa, la diligencia quedó postergada, por la ausencia y renuncia de los defensores.

Wilfrido Cáceres, Ruth Da Silva (su esposa), Elvira Gómez Vda. de Ramírez y Camila Ramírez Gómez, los acusados en la presente causa.
Wilfrido Cáceres, Ruth Da Silva (su esposa), Elvira Gómez Vda. de Ramírez y Camila Ramírez Gómez, los acusados en la presente causa. CARLOS ORTEGA

El fiscal anticorrupción Luis Piñánez reafirmó la acusación contra Wilfrido Adrián Cáceres Flores, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; y solicitó al juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia que eleve la causa a juicio oral y público.

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, el ex “hombre de confianza” de Óscar “Nenecho” Rodríguez; y su pareja Ruth Jazmín Da Silva, no pueden justificar más de G. 7.700 millones de su patrimonio, en el plazo correspondiente entre los años 2013 y 2023.

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Por ese motivo, el fiscal Piñánez también ratificó al inicio de la preliminar el pedido de comiso de bienes muebles e inmuebles; y también automotores, por el monto de presunto dinero obtenido ilícitamente en la función pública.

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En cuanto a las acusadas Ruth Da Silva, cuyo abogado no se presentó para la audiencia; Camila Ramírez Gómez y Elvira Gómez Viuda de Ramírez, a quienes se les asignó a la defensora pública María Fernanda Laino para que las represente; el juzgado programará una nueva fecha para llevar a cabo la preliminar.

Hechos “no tienen relevancia”, según Wilfrido Cáceres

Luego de la ratificación de la acusación fiscal, Wilfrido Cáceres declaró ante el juez Rodrigo Estigarribia y dijo que los hechos atribuidos “no tienen relevancia penal” ya son solo resultado de “una vida financiera desprolija”.

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Agregó que su esposa Ruth Jazmín Da Silva no tiene responsabilidad alguna en los hechos investigados, como tampoco la tienen la señorita Camila Ramírez y su madre Elvira Gómez, las demás acusadas por fiscalía en la presente causa penal.

La audiencia preliminar proseguirá este jueves (9 de octubre), a las 8:30, con la presentación de incidentes de las partes, de acuerdo con lo resuelto por el juez Rodrigo Estigarribia.

El magistrado resolvería hoy mismo la causa se eleva o no a juicio oral y público.

Déficit superior a G. 7.000 millones

La investigación fiscal, que abarcó el periodo comprendido entre los años 2013 y 2023, se inició en el año 2020, tras denuncias suscitadas por el presunto desvío de recursos municipales destinados a paliar el contagio masivo de covid-19 mediante compras de productos de limpieza, que quedó conocido como “detergentes de oro”.

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Según la hipótesis plasmada en la acusación por los fiscales Luis Piñánez y Silvio Corbeta, la pareja compuesta por el exjefe de Gabinete de Óscar “Nenecho” Rodríguez y la odontóloga no tienen cómo justificar un incremento en su patrimonio por la suma de G. 7.764.350.575.

Luis Piñánez, fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Luis Piñánez, fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción.

De acuerdo a lo resaltado por los fiscales Luis Piñánez y Silvio Corbeta Dinamarca, la “bonanza” se inició en el 2017 y se extendió hasta el 2023, con el detalle que a partir del 2020 se verificaron la compra de inmuebles en San Lorenzo y Ñemby y las edificaciones en ambos. A la par, el matrimonio empezó a pagar por tres terrenos en Piribebuy (Cordillera).

“En el período indagado se determinó que el matrimonio adquirió numerosos bienes muebles (vehículos) e inmuebles (terrenos, edificó mansiones), adquirió equipamientos mobiliarios, los cuales fueron ocultados del patrimonio conyugal, a los efectos de evitar su detección y su comiso, a sabiendas de que en su calidad de funcionario público estaba sometido a una investigación patrimonial por parte de la Contraloría General de la República”, detalla parte de la acusación.

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