Tras la suspensión de la jueza de Paz de Luque Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz y de 18 funcionarios de las dos secretarías de la mencionada sede judicial por el caso mafia de los pagarés, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer el resultado de la auditoría de gestión que motivó su decisión.
Los antecedentes del caso revelan que el equipo auditor detectó graves irregularidades en 1.064 expedientes seleccionados al azar y que constituyen violaciones a la defensa en juicio, a los derechos procesales y al Código de Ética Judicial.
Lea más: Informes falsos de “superujieres”: El escandaloso esquema en los juzgados
Como consecuencia del resultado de la auditoría de gestión realizada por la Dirección General de Auditoría de Gestión en el pasado mes de mayo, el pleno de la Corte Suprema dispuso la remisión de los antecedentes del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público, para la adopción de las medidas que consideren pertinentes.
Lea más: Mafia de los pagarés: Corte suspende a jueza de Paz de Luque y a 18 funcionarios
El trabajo realizado por el equipo auditor a cargo del abogado Rodolfo Heyn detalla las irregularidades observadas en la tramitación de los expediente seleccionados y especifica las faltas correspondientes a los funcionario. de acuerdo con la función que le fue asignada.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
¿De ”profesión" testigo?
Entre las observaciones del equipo se destaca que en 589 juicios con procesos ejecutivos de las firmas Comaco SRL y Cooperativa Virgen del Rosario Luque Ltda. a través de sus representantes legales Milciades Toledo Gaona y Nilsa Jara, los testigos ofrecidos son dos en todos los casos.
Se trata de Sanny Paniagua Caballero y Aldo Aquino Vera, quienes religiosamente fungen de testigos en todos los juicios impulsados por los abogados mencionados desde el año 2013.
Lea más: Mafia de los pagarés: casi una veintena de remates en juicios espurios
“Se han registrado expedientes correspondientes a los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Llama poderosamente la atención de esta auditoría, que desde el año 2013 los testigos arriba individualizados son los mismos ofrecidos por la parte actora para la información sumaria y la concesión de medidas cautelares por parte del Juzgado interviniente, como ser embargo preventivo, embargo ejecutivo y secuestro indistintamente, versando sobre electrodomésticos y muebles en general”, refiere la auditoría.
El equipo auditor destaca que en algunos escritos no se observan las firmas de los testigos propuestos y en otros donde si se observa la firma, sin embargo, no consta la firma de la actuaria judicial que certifica dicho acto en la secretaría del Juzgado.
“Otro punto que llama la atención es que al momento de la concesión de la medida cautelar en la primera providencia si son tenidos en cuenta, dado que se ha observado que si figuran en ella”, agrega el documento que detalla un sinfin de anomalías en sus 131 páginas.
“(...) no se puede dejar de mencionar que, llamativamente, el Juzgado dicta la primera providencia concediendo la medida cautelar de secuestro, con el mandamiento de secuestro respectivo, los cuales constan no haber sido diligenciados. Posterior a ello, obra la notificación de la primera providencia. De igual forma, consta la solicitud de hacer efectivo el apercibimiento y su respuesta jurisdiccional correspondiente”, señala el documento.
“Se resalta que, con el auto interlocutorio de hacer efectivo el apercibimiento, el Juzgado concede la medida cautelar de embargo ejecutivo, librando nuevamente los mandamientos respectivos, los cuales en esta oportunidad si fueron diligenciados, conforme al acta labrada por el Oficial de Justicia. Se hace notar que el procedimiento reiterativo se da en todos los casos, precisa el equipo auditor.
Lea más: Mafia de los pagarés: abren nuevas causas contra jueces de paz que “torcieron el derecho”
¿Incendio habría sido selectivo?
Otro dato sumamente llamativo aportado por el equipo auditor es que si bien el 27 de febrero pasado se registró un incendio en el juzgado de Paz de Luque, ubicado en las céntricas calles Iturbe y Benigno González, pero al parecer, el siniestro no afectó a las causas de violencia doméstica.
Según los funcionarios, el incendio afectó computadoras, expedientes, cuadernos internos de secretaría, fotocopiadoras y acondicionadores de aire. En el recinto siniestrado, el equipo auditor destaca que encontró en muy buen estado a los expedientes de violencia doméstica.
“El equipo auditor en fecha 5 de mayo de 2025, en compañía del actuario judicial y el ujier notificador, se constituyó hasta el lugar mencionado, observando que, dentro del recinto siniestrado, aún se encontraban expedientes judiciales correspondientes a juicios de violencia familiar. Se destaca que los mismos a simple vista se encontraban en buen estado y que el actuario judicial al ser consultado el motivo por el cual los mismos aun se encontraban en ese lugar, respondió: “no tenemos tiempo para llevar”. En igual sentido, el ujier manifestó: “los del seguro no quieren que se toque” (...), señala el informe.
Recordemos que precisamente en febrero pasado, la Fiscalía realizó una serie de allanamientos con relación al caso de la mafia de los pagarés.
El 10 de febrero, cinco juzgados de Paz de la capital -Juzgados de Paz de San Roque, La Encarnación, La Catedral primer y segundo turno y La Recoleta- fueron allanados en forma simultánea.
El 27 de febrero pasado, el fiscal Irán Suárez allanó el juzgado de Paz de Villa Hayes, de donde incautó más de 2 mil expedientes.
Coincidencia o no, en ese mismo día se reportó el incendio en el juzgado de Paz de Luque en horas de la siesta.
Actualmente, se encuentran en estudio acusaciones presentadas recientemente en contra de 67 personas, entre ellas juezas y exjueces de cinco juzgados de Paz de la capital, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados representantes de empresas crediticias.
Todos los funcionarios del juzgado de Paz de Luque suspendidos
Además de la jueza Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz, se encuentran sumariados y suspendidos son los actuarios Elena Noemí Ojeda, Raúl Ernesto Jara Foth y Adriana Yudith Flecha Roldán y el ujier notificador Sergio Daniel Orué Sanabria.
Lea más: Mafia de los pagarés: son 61 los acusados por Fiscalía por “torcer el derecho”
La nómina sigue con los oficiales de justicia Rolando Britos Marín, Alma Valeria Villalba, Silvio César Mareco, Martha Isabel Ramírez, Cristian Ramón Amarilla Closs, Marcos Norberto Enciso Arias, Ignacio Ariel Franco Benítez, Mario Rafael Leguizamón, Willian Marcos Aquino Almirón, Máximo Derlis Lugo Jara, Víctor Manuel Ruiz González, Víctor Manuel Álvarez Torres, Heriberto Osvaldo Britos Mongelós y Víctor Javier Encina Arce.