Por tercera vez, se suspendió nuevamente hoy el juicio oral y público al ex juez penal de Garantías Geraldino Cazal, la fiscala María Angélica Acosta Bjasso y el abogado Luis Méndez. Los tres están acusados por un supuesto pedido de coima para favorecer a para favorecer a un procesado por coacción sexual y violación en Alberdi, en 2019.
El juicio estaba previsto para las 10:30 pero a la hora indicada, el abogado Hernán Arzamendia, defensor de Méndez, no se presentó, por lo que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Ana Rodríguez e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres declaró abandonada la defensa.
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Ante nuevas dilaciones, Tribunal revisará medidas
El letrado presentó una nota mediante la cual informaba que tenía previsto realizar un viaje a Bolivia en la fecha prevista para el juicio, a modo de justificar la inasistencia, pero como no se dispuso la suspensión del juicio, dicha ausencia no fue autorizada. En consecuencia, se inicia un proceso disciplinario para el letrado, por abandono.

Por otro lado, el acusado Cazal se presentó con nuevo defensor, Jorge Ariel Balbuena, quien solicitó tiempo para interiorizarse de la acusación y preparar su estrategia defensiva.
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Ante ambas situaciones, el colegiado decidió posponer el inicio del juicio para el próximo martes 21. No obstante, advirtió la posiblidad de revisar las medidas alternativas a la prisión que cuentan los acusados, si persisten en dilatar el inicio del juicio.
La acusación por supuesto pedido de coima en Alberdi
El exmagistrado Cazal, quien se jubiló luego de su procesamiento, está acusado por supuesto cohecho pasivo agravado, al igual que Acosta, quien actualmente se desempeña como fiscala en Villa Elisa.

Por su parte, Méndez quien está acusado por presunto tráfico de influencias, afronta actualmente un segundo proceso por el mismo hecho punible, luego de caer detenido el 2 de octubre pasado en condiciones similares a las que motivaron su enjuiciamiento.
La acusación con relación a este caso refiere que entre julio y agosto de 2019, el juez Geraldino Cazal y la fiscala María Angélica Acosta habrían solicitado y recibido sumas de dinero, a través del abogado Luis Méndez con el fin de favorecer a un procesado por coacción sexual y violación con medidas menos gravosas a la prisión.
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Según la acusación, Méndez propuso al denunciante el pago de G. 40 millones, para entregar G. 20 millones a la madre de la víctima, G. 10 millones a la fiscala Acostay los G. 10 millones restantes al juez. Méndez y Acostafueron aprehendidos en una entrega vigilada realizada en agosto del 2019.