Cristino Jara López (83), presunto proveedor de facturas falsas, fue detenido ayer tras una intervención de Interpol.
El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, refirió que el caso que derivó en la detención de Jara López es uno de los primeros en ser denunciados por la institución y que ya fue realizado, incluso, durante el gobierno anterior.
Con relación al detenido, indicó que “creemos que es solamente una parte del eslabón de toda la maquinaria de facturas falsas. Esperamos que pueda colaborar en la investigación, porque esto, en el ámbito penal, recién surge considerando su detención”.
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No es el único involucrado
Según explicó, el hombre de 83 años es la única persona detenida hasta el momento, pero señaló que las evidencias apuntan a que habría actuado junto con otros.
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“A su nombre estaban las operaciones. Nosotros creemos que hay más personas involucradas y que él fue utilizado para montar todo un esquema de emisión de facturas falsas, y que probablemente tenía conocimiento”, sostuvo a la 1020 AM.
Cientos de contratos y más de G. 57.000 millones en movimiento
El esquema detectado por la DNIT y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) reveló operaciones por más de G. 57.000 millones entre 2014 y 2021. Durante ese período, Cristino Jara firmó 295 contratos con municipios y gobernaciones, sin registrar actividad comercial real.
“Nosotros habíamos hecho toda una investigación de la trazabilidad de las operaciones y vimos movimientos por más de cincuenta mil millones de guaraníes”, detalló Orué.
El director explicó que también se hallaron contratos con instituciones públicas donde “no existía documentación tributaria válida”, lo que evidencia el uso de facturas falsas para justificar gastos inexistentes.
“A nuestro criterio, se utilizaron para justificar gastos que no tenían relación o sentido, con el simple efecto de evadir o mentirle al fisco”, añadió.
Facturas por bienes que nunca existieron
De acuerdo con Orué, las facturas emitidas correspondían principalmente a materiales de construcción, aunque no se constató ninguna trazabilidad ni pago de impuestos.
“La mayoría era de bienes, en este caso materiales de construcción, donde en realidad no hubo el pago de impuestos correspondientes”, señaló.
Antecedentes del caso
El caso se originó en 2021, cuando la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) —hoy DNIT— y la DNCP detectaron irregularidades en los contratos firmados por Jara López.
El operativo, denominado “Facturación 2.0”, reveló que el proveedor no había adquirido “ni un ladrillo” para cumplir los contratos suscritos con distintas instituciones públicas.