En el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, el conflicto gira en torno a un terreno que forma parte del histórico asentamiento Pedro Giménez, creado tras una expropiación en septiembre de 1995, como resultado de una larga lucha social por la tierra. En aquel entonces, un campesino identificado como Pedro Giménez perdió la vida durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Actualmente, el asentamiento cuenta con aproximadamente 8.000 hectáreas, mientras que la base campesina “3 de Febrero” ocupa otras 2.573 hectáreas, con una zona en disputa entre ambos sectores.
Un grupo de campesinos autodenominados “sintierras”, liderado por Ranulfo Vázquez, inició recientemente la ocupación de unas 300 hectáreas, y avanzó en la entrega informal de parcelas —entre 3 y 4 hectáreas por familia— sin autorización legal ni presencia de autoridades. Los ocupantes alegan que el terreno forma parte de la reserva del asentamiento Pedro Giménez.
Los invasores expulsaron a un colono menonita que cultivaba el terreno mediante arrendamiento, y aseguraron que no permitirán el retorno de terceros. La ocupación se desarrolla sin mediación oficial, aumentando el riesgo de enfrentamientos.
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Otro grupo también reclama la tierra
En contrapartida, otro grupo de campesinos pertenecientes a la Base 3 de Febrero, encabezado por Óscar Guillén, también reclama el mismo terreno, argumentando que forma parte de las tierras adjudicadas a su comunidad. Guillén denunció que están siendo amenazados por otros campesinos, y advirtió que la situación podría desembocar en un enfrentamiento entre sectores de la misma clase campesina. “Necesitamos que el Indert intervenga de forma urgente; queremos diálogo, no enfrentamientos. Las autoridades deben venir a esclarecer a quién pertenecen estas tierras antes de que pase algo peor”, expresó Guillén.
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Antecedentes y vínculos con el narcotráfico
El inmueble en cuestión ya fue escenario de conflictos anteriores. En diciembre de 2010, se produjo un enfrentamiento armado entre campesinos y guardias privados del entonces ocupante, Teresio López, quien usufructuaba las tierras.
Teresio López fue condenado a 14 años de prisión por narcotráfico, en un caso que también involucró a otros miembros de una red criminal que operaba desde una estancia en el Chaco. El líder de dicha organización, Waldemiro Ymas González, fue condenado a 18 años, y Édgar Cantero Martínez, a 16 años de cárcel.
Los campesinos aseguran que permanecerán en el lugar mientras gestionan la legalización de la ocupación, pero advierten sobre la falta de control legal, la informalidad en la distribución de tierras y la ausencia de respuestas concretas del Indert y otras instituciones competentes.