De “contrabando sanitario” tilda Círculo de Médicos al contrato con el Instituto del Corazón de Corrientes

Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos.
Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos.FERNANDO ROMERO

De “contrabando sanitario” tildó el Círculo Paraguayo de Médicos al contrato que firmó el gobierno de Santiago Peña con el Instituto del Corazón de Corrientes, Argentina, ya que el Estado Paraguayo paga en dólares con fondos públicos los tratamientos de los pacientes derivados.

Esta semana se dio a conocer el convenio firmado en junio entre el Ministerio de Salud y el Instituto de Cardiología de Corrientes y la Fundación Cardiológica Correntina.

El convenio incluye intercambio académico y científico, como también traslados de pacientes paraguayos para darle servicios con los que también cuenta el Ministerio de Salud en sus centros sanitarios, por el que el Estado Paraguayo pagará hasta US$ 40 por consulta y hasta US$ 13.500 por procedimientos quirúrgicos.

Esto generó reacciones de las sociedades de médicos, como la de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y ahora, del Círculo Paraguayo de Médicos, este último que tildó hasta de “contrabando sanitario” al convenio.

“Cada cirugía cardíaca, nuestro país paga a razón de 14.000 dólares; si se abonara en pesos argentinos, el costo sería de unos 98 millones de guaraníes", explican y agregan que como se paga en dólares, el costo para el Estado Paraguayo asciende a casi G. 100 millones, es decir, el gobierno pagaría G. 2.000.000 más por cada intervención solo por establecer que el pago sea en dólares. “Recursos que podrían fortalecer hospitales y programas de formación médica se transfieren al exterior sin retorno institucional ni beneficio para el sistema sanitario nacional”, indican los médicos del gremio.

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Comunicado del Círculo Paraguayo de Médicos sobre convenio con la fundación de cardiología de Corrientes, Argentina.
Comunicado del Círculo Paraguayo de Médicos sobre convenio con la fundación de cardiología de Corrientes, Argentina.

Contrabando sanitario

Critican que la transferencia de fondos públicos al extranjero se realizan sin control, sin intervención de la Contraloría General de la República ni aplicación de los mecanismos de contratación pública previstos por ley, lo que convierte estos fondos estatales en recursos de libre disposición fuera del territorio nacional, vulnerando los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad en el manejo del dinero público, y debilitando la soberanía sanitaria del país.

“Por lo Expuesto, El Círculo Paraguayo de Médicos, a través de su Oficina de Anticorrupción en Salud y Educación Médica, considera que el convenio firmado entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y las instituciones privadas de la República Argentina constituye un caso paradigmático de “Contrabando Sanitario Institucionalizado”. Este acuerdo traslada pacientes y recursos públicos al extranjero, vulnera la legalidad administrativa y afecta la soberanía sanitaria del Paraguay”, sentencian.

Ante esta situación, los médicos exigen:

  • Suspender de inmediato la ejecución del convenio y someterlo a revisión legal y presupuestaria.
  • A la Contraloría General de la República, realizar una auditoría integral de los fondos transferidos y del procedimiento administrativo aplicado.
  • Al Congreso Nacional, disponer una investigación sobre la legalidad del acuerdo y las responsabilidades administrativas y políticas derivadas.

Cuestionan además que las facturas son emitidas y abonadas mediante transferencia al Banco de Corrientes S.A., conforme a un tarifario en dólares. El acuerdo se suscribió por contratación directa, sin aprobación del Congreso ni auditoría de la Contraloría General de la República.

Paraguay paga en Dólares un servicio médico en un país que utiliza pesos. Pagar en dólares en un país cuya moneda oficial es el peso genera para el Estado paraguayo un gasto mayor y una pérdida de control presupuestario. El dólar fluctúa, no está bajo regulación nacional y encarece las operaciones por costos cambiarios y bancarios. Además, usar una moneda distinta a la local impide verificar precios reales y reduce la transparencia”, agregan.