El viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, el comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y el jefe del departamento de Crimen Organizado, Crio. Luis López, visitaron hoy los estudios de ABC Cardinal y ABC Tv. Admitieron que el microtráfico se ha convertido en una gran preocupación y que la mayoría de los hechos punibles como el hurto, hurto agravado, robo y, en algunos casos, robo agravado, provienen del consumo de drogas.
La necesidad de conseguir la siguiente dosis lleva a los adictos a robar objetos de escaso valor, como como focos, cables o planteras, rápidamente vendibles. Antes, la Policía se limitaba al “trabajo de forma”, dijeron, como detenciones, incautaciones, allanamientos y puesta a disposición del Ministerio Público.
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Pero este enfoque genera serios problemas logísticos y de salud pública en las comisarías cuando se detenía a personas adictas. Al enfrentar la abstinencia, los detenidos tienden a autoflagelarse, golpeándose “por la pared, por el piso, por la celda, por el hierro”.
El comandante Carlos Benítez contó que “el problema mayor es que en algunos casos terminan suicidándose dentro del calabozo”. En consecuencia, afirmó, el personal a cargo tiene luego que explicar ante los órganos de Justicia y de Derechos Humanos qué pasó con esa persona que estaba bajo su responsabilidad.
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Detenidos, a la USF en vez de la comisaría
Para evitar esta situación, y en el marco del Plan Sumar, que busca tratar la adicción como un problema de salud, la Policía comenzó a llevar al consumidor, en vez de la Comisaría, a una Unidad de Salud Familiar, en coordinación con el Ministerio de Salud, para que se evalúe el estado del consumo del detenido y se oriente el tratamiento de recuperación.
Benítez explicó la nueva disposición: “lo que hace hoy día, y es muy común ver ya algunas patrulleras, es llevar a estas personas a una Unidad de Salud Familiar para que sean atendidas por un profesional que está dentro del Plan Sumar y pueda tomar los datos iniciales, pueda ver hasta qué nivel de consumo están llegando y cuál es el tratamiento que requieren para buscar, digamos, orientar su recuperación”.
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Sumar aglutina unas 22 instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio de Salud, el Ministerio Público y la Justicia. Además, se habilitaron sitios recuperación en Itauguá y Piribebuy, recordó Benítez.
Un desafío persistente son los delitos menores, como el robo de una plantera, clasificados como “bagatelarios”. Para abordar las reincidencias, el Ministerio del Interior impulsa una acción coordinada entre poderes del Estado, explicó el viceministro Pereira. Dijo que se formó una “mesa de la Justicia”, “para ir observando, lo que establece nuestra legislación y ver los cursos de acción para ir dando respuesta a los ciudadanos”.
Asalto en Katueté: ¿Hay facciones brasileñas vinculadas?
Respecto a la designación de las facciones criminales brasileñas Primer Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, el comandante Carlos Benítez, dijo que la clasificación, amparada en la Ley 4024, “nos da esa posibilidad de actuar con mayor fuerza”, permite expandir la participación de organismos como las Fuerzas Armadas en el control fronterizo y también tienden a la aplicación de penas mucho más severas a sus miembros.
Benítez detalló que, del CV los miembros en el país no alcanzan 100, mientras del PCC oscilan 1.000 los integrantes, entre 300 y 350 recluidos en las cárceles.
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Sobre la ola de sicariatos en el último mes, el comandante habló de estadísticas. Afirmó que en 2023 y 2024 hubo 26 sicariatos por año. “Hoy día, con estos dos últimos casos, penosamente, se suman 13. Podemos decir que disminuyó al 50%”, dijo.
Respecto al violento asalto ocurrido en Katueté, donde los delincuentes tomaron la ciudad, hicieron estallar un banco y se llevaron G. 3.101 millones; el comisario Luis López afirmó que “dentro de la investigación, no tienen ninguna injerencia las organizaciones criminales extranjeras. Creemos que son paraguayos. Sí, la preocupación nuestra es la seguidilla de hechos”.