La posposición de la audiencia preliminar para Alexandre Rodrigues Gomes, acusado por supuesto narcotráfico, lavado de activos y asociación criminal en el caso “Pavo Real Py”, se dio a pedido de las abogadas Amanda Silva y Noelia Núñez, quienes asumieron la representación del hijo del fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes; a fin de interiorizarse la causa y preparar la estrategia de defensa.
El fiscal antidrogas Andrés Arriola se allanó a la solicitud de la defensa del acusado; y el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal postergó la audiencia preliminar de Alexandre Rodrigues Gomes para el miércoles 26 de noviembre, a las 9:00; con la advertencia de que no permitirá más dilaciones en el proceso, respaldándose en lo establecido en los artículos 112 y 113 del Código Procesal Penal.
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Por otra parte, ante el pedido de las representantes del hijo de “Lalo”, las defensas de los directivos del Banco Zeta, Luis María Zubizarreta y John Gerald Matias Gaona, solicitaron el desdoblamiento de la audiencia preliminar, en atención a que los mismos tienen pedido de sobreseimiento definitivo por parte del Ministerio Público.
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Legal también atendió dicha petición y programó para mañana, viernes 7 de noviembre, a las 9:00, la diligencia para los procesados. El fiscal Andrés Arriola adelantó que se ratificará en el pedido de sobreseimiento definitivo para ambos banqueros.
Alexandre Rodrigues y sus vínculos con Pavão
En la acusación fiscal se resalta que, mediante informaciones compartidas por autoridades de Brasil, Alexandre Rodrigues estaría vinculado con la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. Esto se basa en datos extraídos de una cuenta vinculada a Luan Pavão Nascimiento (hijo de Jarvis), que contenía conversaciones que guardarían relación con transacciones de compra - venta de bienes inmuebles existentes en el territorio paraguayo.
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Dichos inmuebles formarían parte del patrimonio de la organización criminal y habrían sido adquiridos de manera irregular por Alexandre Rodrigues Gomes y su padre. Una de las propiedades adquiridas es el establecimiento rural denominado “Estancia Negla Poty”, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte, en el departamento de Amambay, que pertenecía a Jarvis, y fue adquirido en fecha 21 de mayo de 2020.
Asimismo, la Fiscalía afirma que el acusado por narcotráfico, lavado de activos y asociación criminal habría llevado a cabo en forma personal las negociaciones con grupos criminales de otros país para la compra y venta de sustancias ilícitas.
Precisamente, en ese carácter Alexandre Rodrigues viajó a Bolivia entre el 10 y 11 de febrero de 2020. Al mismo lo acompañaron el doleiro fallecido en agosto de 2025, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, y otras dos personas más, de quienes se presumen también serían miembros de grupos narcotraficantes.
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Hijo de Lalo hablaba de matar jueces y fiscales
Graves hechos se revelan en informes técnicos de inteligencia, en torno a mensajes que Alexandre Rodrigues Gomes intercambió a través del sistema SKY ECC con el presunto “pistolero” Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe, cuando este último estaba detenido en la Agrupación Especializada de la Policía.
El documento se elaboró a partir de los extractos enviados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) a la Fiscalía y que actualmente están en el despacho del juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, en el marco de la operación Pavo Real II.
Una de esas conversaciones tiene que ver sobre una presunta intención de matar al entonces fiscal contra el Crimen Organizado Marcelo Pecci. De acuerdo con una captura correspondiente al 17 de setiembre de 2020, el hijo del Lalo Gomes –asociado al pin 67BADE, alias Burberry en la plataforma de mensajería– escribió a Ríos Vilhalva –habilitado con el alias de Brutus y utilizado por Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe– detalles sobre su situación procesal y un posible arreglo para obtener la libertad.
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“Lo más importante. Ya es un hecho. Esetama” (sic), escribió entonces Rodrigues Gomes a Ríos Vilhalva. Esta comunicación se dio luego de que aparentemente se hicieran reuniones previas para lograr la libertad del supuesto “pistolero”, detenido en el marco de la Operación Alba, desarrollada el 20 de febrero de 2020 y liderada por el entonces fiscal Marcelo Pecci en el marco de la búsqueda de los asesinos del periodista Lourenço “Leo” Veras, hecho ocurrido el 12 de febrero de ese mismo año.
Desde entonces, Ríos Vilhalva quedó detenido por las supuestas conexiones con el crimen del comunicador y nexos con Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, presunto organizador del atentado contra Veras.
“Ya mano. Vamos apretar que mañana se te libere” (sic), dijo Rodrigues Gomes a Ríos Vilhalva en otra parte del mensaje.
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Pedido de sobreseimiento para banqueros
En el requerimiento conclusivo los fiscales antidrogas Ingrid Cubilla, Andrés Arriola y Elva Cáceres sostienen no se han reunido elementos suficientes que permitan acreditar el conocimiento y la voluntad de los representantes de la entidad bancaria, de integrar al circuito financiero un bien inmueble de origen ilícito.
Los agentes del Ministerio Público argumentan que esto se debe a que las operaciones analizadas responden a productos y procedimientos ordinarios del tráfico bancario, en los que, conforme al examen de las documentaciones obrantes en el expediente, observaron que el inmueble recibido como garantía (estancia Negla Poty) no contaba con ninguna medida cautelar ni registral que permitiera presumir un origen ilícito.
“La vinculación de la Estancia Negla Poty con la estructura criminal fue conocida con posterioridad y con grado de certeza únicamente después de la operación bancaria realizada”, señalan los fiscales en parte del requerimiento presentado.
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Finalmente, señalan que en el marco del análisis operacional efectuado respecto del procesado Alexandre Gomes, la operación de dación en pago materializada en mayo de 2020 fue evaluada con información correspondiente solamente a ejercicios hasta el año 2019, sustentada en documentaciones oficiales, declaraciones tributarias y referencias provenientes de otras entidades financieras que daban cuenta de su capacidad de pago.