El abogado Jorge Rolón Luna aseguró que los esquemas de estafa mediante pagarés falsos o inflados “funcionaban —y en parte aún funcionan— en prácticamente todos los juzgados del país”. Según explicó, el negocio se sostiene gracias a la complicidad de jueces y funcionarios que permitían demandas fraudulentas contra trabajadores con salarios fijos, especialmente del sector público.
“Es un negocio redondo que movía mucho dinero. Si no se desmantelan estas mafias empotradas en el corazón del sistema judicial, esto va a seguir”, advirtió. Rolón Luna afirmó que, pese a algunas imputaciones, la mayoría de los involucrados sigue impune.
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“Hay gente copetuda, de grandes apellidos, gente que aparece en los medios como ‘empresaria exitosa’, pero que vive a costa del sudor y de la sangre de la gente. Deberían de tener un mínimo de vergüenza. Ellos no están siendo investigados por el sistema de Justicia. Van a caer solo unos ‘perejiles’, ‘cabezas de turco’ para ser exhibidos en la plaza pública y que nos tranquilicemos. Pero probablemente el negocio va a seguir, no con la misma magnitud y desvergüenza, pero esa gente va a seguir impune”, lamentó.
El blanco: trabajadores con salario fijo
De acuerdo con un registro elaborado por una comisión del Senado, las principales víctimas son funcionarios del Estado paraguayo y empleados de empresas privadas con ingresos estables. La razón, explicó el abogado, es que los estafadores buscan personas con sueldo fijo que pueda ser objeto de embargo judicial.
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“Esta mafia no se interesa por alguien que no tenga un salario que pueda ser manoteado. Se enfocan en quienes cobran mensualmente para hacer los descuentos directos desde las instituciones públicas”, detalló.
Complicidad dentro de las instituciones
Rolón Luna sostuvo que las instituciones públicas y las asociaciones de empleados tuvieron un rol clave en las maniobras. “Es un ámbito absolutamente podrido desde hace mucho tiempo”, expresó.
Según los testimonios, existen casos en los que a funcionarios se les descontaban montos sin saber por qué, o les vendían electrodomésticos y luego les hacían firmar pagarés que eran reutilizados varias veces. “Hay empresas que disfrazan de venta de electrodomésticos con lo que es en realidad pura usura”, explicó.
Incluso denunció que bases de datos del Banco Nacional de Fomento (BNF) y otras entidades públicas eran vendidas a los estafadores para identificar qué funcionarios aún podían ser embargados.
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Contó que escuchó casos “terribles” pero los que más le impactaron tenían como víctimas a docentes ayoreos a quienes se les embargaba su salario casi completo por la deuda inflada tras la compra de un colchón. Señaló que esas personas eran ya de por sí vulnerables debido a la extrema pobreza.
“Hasta ahí llegan los tentáculos de estos estafadores. Que para ese tipo de casos, el poder judicial se preste, que jueces se presten a ser cómplices de ese tipo de casos, realmente es algo que no me esperaba, sinceramente”, declaró.
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La ley promulgada
El presidente de la República promulgó recientemente una ley que busca frenar estos abusos, aunque la norma se limita a los funcionarios públicos. Para Rolón Luna, la medida es insuficiente y no ataca el problema estructural.
“El marco legal actual tiene vacíos que permiten a los estafadores seguir operando. Los pagarés deben ser depositados en el juzgado y no devueltos al acreedor, porque eso facilita que se usen varias veces”, advirtió. También cuestionó a la Corte Suprema de Justicia por no haber detectado las irregularidades pese a contar con mecanismos de auditoría.
Dijo que dicha institución nunca detectó que había embargos sin expediente, o que los mismos testigos aparecían en cientos de casos. “Y la Corte tiene que controlar a sus juzgados, tiene que controlar el funcionamiento de los juzgados. Esto pasó en las propias narices de la Corte Suprema de Justicia, a plena luz del día. Todo el mundo sabía de esto, nadie hablaba”, denunció.
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Amenazas
El abogado también relató que recibió advertencias y mensajes intimidatorios cuando comenzó a denunciar la red. “Me dijeron que me cuide porque iban a disparar a mi casa. Me dijeron que este caso afecta intereses muy poderosos y hay mucho dinero detrás y me recomendara ir con cuidado”, contó.
“No se trata solo de justicia para los estafados, sino de limpiar el sistema judicial. Porque si se naturaliza este tipo de corrupción, cualquier ciudadano puede ser víctima”, advirtió.