A través de la Secretaría Jurídica los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tomó conocimiento de cuatro casos, publicados en medios de comunicación y en los que se exponen actuaciones presuntamente irregulares, tanto de agentes del Ministerio Público, así como de jueces de sentencia y jueces de paz, en este último, vinculado a la “mafia de los pagarés”.
En este sentido, se estableció que el próximo 12 de diciembre se cumple el plazo señalado por el artículo 18 de la Ley N° 6814/2021 que rige el procedimiento del JEM. Transcurrido ese lapso, y si no se presentó acusación en ninguno de los casos, el órgano podrá actuar de oficio para iniciar una investigación preliminar previa o un enjuiciamiento.
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La norma señala que “cuando el hecho causal de enjuiciamiento resulte grave, notorio o, por su naturaleza, afecte el interés público o social, y luego de trascurrido el plazo de 10 hábiles del mismo, y si el litigante o profesional afectado no haya formulado acusación alguna ante el Jurado, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo y/o la Fiscalía General del Estado, podrán asumir el rol de acusador”.
Ahora bien, la misma normativa obliga que tendrá que haber como mínimo 6 votos coincidentes de los miembros del Jurado, que son 8 en total, para iniciar el proceso especial.
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De manera presencial sesionaron en el JEM, la vicepresidenta 1° Alicia Pucheta, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Manuel Ramírez Candia y el diputado Diego Candia; mientras que por medios telemáticos lo hicieron: el ministro de la Corte y presidente del órgano César Antonio Garay; el senador y vicepresidente 2° Derlis Maidana; el senador Mario Varela; el diputado Alejandro Aguilera y el consejero Enrique Berni.
Docente vivió una “gran pesadilla”
La docente jubilada Marta Elizabeth Maidana de Martínez (63), vivió “una gran pesadilla” el 18 de junio pasado cuando fue hasta el Departamento de Identificaciones de la Policía, en San Lorenzo, con el fin de renovar su cédula de identidad. Sin embargo, le informaron que tenía una orden de captura pendiente por invasión de inmuebles en Villarrica, requerida por la fiscala Noelia Soto.
El 15 de diciembre de 2021, fue imputada “a ciegas” junto a Marta Elizabeth Maidana Toledo y otras personas. De esta diligencia, la docente Maidana de Martínez no fue notificada, pese a que el ujier Juan Dávalos Villagra había hecho constar el 12 de enero de 2022, que se constituyó en el supuesto domicilio de la maestra afirmando en su informe que ella lo atendió.
El 13 de junio de 2022, la fiscal Noelia Soto ordenó la detención preventiva de la docente jubilada, pero más tarde Soto pidió al juzgado de Garantías que la declare en rebeldía y ordene su captura. Es así que el 18 de junio tomó conocimiento de esa órden en su contra y fue detenida en Identificaciones.
La docente pasó la noche en la comisaría de San Lorenzo y al día siguiente fue traslada a la de Villarrica. Luego la llevaron al Palacio de Justicia de Guairá, donde el juez de Garantías Derlis Duarte le explicó que se trataba de un caso de homonimia. El magistrado pidió disculpas por lo ocurrido y ordenó su libertad. Estuvo 13 horas detenida por el grave error de la Fiscalía.
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Por negarse a limpiar la casa ahora va a juicio
Un ciudadano suizo que reside en nuestro país, de nombre Alexis Markus Widmer (46), fue denunciado por su entonces esposa por reaccionar de manera airada al negarse a ayudarle a limpiar la casa. Esto desencadenó en un proceso por violencia familiar por el que lleva más de 660 días preso y en 2026 debe afrontar juicio oral.
En octubre de 2017, la mujer denunció al extranjero, entonces su marido, porque cuando fue a despertarlo para pedirle ayuda para limpiar la casa, el hombre se puso “extremadamente violento y agresivo incluso trató de arrojar un plato al tiempo de amenazar con suicidarse”, motivo por el cual salió de la casa con su hija.
El caso se inició en 2018, con la imputación formulada la fiscala de Luque, Luciana Ramos Alonso, que además pidió su detención preventiva y su prisión. El 11 de marzo de 2021, el Juzgado Penal de Garantías de Luque dictó la prisión preventiva de Markus Widmer.
El extranjero sorteó entre el 2021 y el 2022, la prisión preventiva y el arresto domiciliario. El 27 de julio de 2022, se dictó su sobreseimiento provisional y el levantamiento de las medidas que pesaban sobre él. Sin embargo, desde el 17 de marzo de 2025, nuevamente se encuentra con prisión preventiva a la espera de juicio oral fijado para junio de 2026.
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Docente pasó de deber G. 1.000.000 a G. 3.000 millones
El ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro del JEM, Manuel Ramírez, también expuso otro caso relacionado a la mafia de los pagarés, específicamente el de la docente Liz Prieto, que en 2016 sacó un simple préstamo de G. 1.000.000 y la compra de un microondas le generó una deuda que actualmente trepó a G. 3.000 millones.
Esta situación la obliga a sobrevivir con solo G. 1.600.000 al mes, recursos con los que debe dar de comer a dos hijos y tratar de que su padre con cáncer tenga los medicamentos para sobrellevar la enfermedad.
Sobre este caso, el ministro Manuel Ramírez señaló que existen nueve procesos vinculados a la misma deuda. En tal sentido, solicitó iniciar una investigación para contar con los antecedentes en cuanto al Juzgado de Paz en el que tuvo origen el primer embargo a la docente.
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Sin pruebas en contra, fiscala imputó a joven por robo de una moto
Un joven de 22 años, identificado como Tobías Eduardo Amarilla Báez, actualmente se encuentra privado de libertad. El mismo fue imputado por la fiscala Alicia Fernández, como autor del hurto agravado de una motocicleta registrado en la ciudad de Capiatá.
De acuerdo con los datos del caso, la agente del Ministerio Público imputó al joven teniendo en cuenta el nombre que la víctima manifestó. La familia del encausado, acercó a la Fiscalía imágenes de circuito cerrado que acreditaban que él estaba trabajando en Ñemby cuando en Capiatá se registraba el hecho, sin embargo la fiscala hizo caso omiso a dichos elementos, según denunciaron.
El caso ocurrió el 22 de octubre pasado, cuando dos hombres hurtaron una motocicleta Kenton GTR 150 LTD roja frente a la empresa Megalpar, ubicada en el kilómetro 20 de la ruta PY02, en Capiatá. Según la imputación fiscal, Tobías era quien iba como acompañante del autor del atraco, basándose solo en la declaración de la víctima y una foto, sin presentar ninguna otra prueba.
Policías del Grupo Lince detuvieron el pasado 5 de noviembre a Tobías Amarilla, en la ciudad de Villeta. Luego fue puesto a disposición del el juez Juan Oviedo, quien dispuso que Amarilla quede privado de libertad en la comisaría 8° Central de Capiatá, por 10 días, y luego pase a Tacumbú.