El docente fue enviado a prisión preventiva por orden del juez penal de garantías Derlis Duarte, luego de ser imputado por el Ministerio Público por el presunto delito de abuso sexual en niños, en perjuicio de una alumna de 11 años.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la fiscal Gladys Elena Jiménez presentó la imputación tras recibir la denuncia de la madre de la víctima, quien relató que su hija había dejado de asistir a clases y, posteriormente, confesó haber sido víctima de comportamientos sexuales inapropiados por parte del docente.
El hecho habría ocurrido en una escuela de apoyo de la ciudad de Villarrica, donde el imputado se desempeñaba como educador. Según la investigación preliminar, el docente habría aprovechado su relación de confianza con la niña para cometer los actos, en un contexto de vulnerabilidad de la víctima.
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Durante la audiencia de imposición de medidas, la defensa del acusado solicitó al juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, tales como el arresto domiciliario, argumentando que no existían elementos suficientes que demostraran peligro de fuga ni obstrucción a la investigación.
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Sin embargo, el magistrado resolvió hacer lugar al pedido fiscal, considerando los fundamentos presentados por la representante del Ministerio Público, quien advirtió que, dada la naturaleza del hecho y el vínculo directo entre el imputado y la víctima, existía riesgo procesal si permanecía en libertad. A esto se suma que el docente estuvo prófugo desde finales de diciembre hasta su reciente detención, permaneciendo oculto en la vivienda de la directora de la misma institución, quien también sería su pareja sentimental.
En su resolución, el magistrado sostuvo que la conducta atribuida al docente se adecua provisionalmente al artículo 135a del Código Penal Paraguayo, que tipifica el delito de abuso sexual en niños. El juez valoró además la gravedad del delito, el impacto psicológico en la víctima y el deber del Estado de garantizar el interés superior de la niñez.
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En consecuencia, el magistrado rechazó el pedido de medidas alternativas y dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de seis meses, a fin de asegurar el desarrollo normal del proceso penal mientras continúa la etapa investigativa.
El Ministerio Público deberá presentar su acusación dentro del mismo plazo legal de seis meses, periodo durante el cual se prevé la recolección de pruebas testimoniales, pericias psicológicas y otros elementos técnicos que permitan sustentar el requerimiento final. Dicho plazo vencerá en mayo de 2026.