En el distrito de Santa Rosa del Aguaray, el conflicto se centra en un predio que forma parte del asentamiento Pedro Giménez, creado tras la expropiación de septiembre de 1995, proceso marcado por la muerte del campesino que dio nombre al lugar durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad.
Actualmente, el asentamiento abarca unas 8.000 hectáreas, mientras que la base campesina 3 de Febrero ocupa otras 2.573 hectáreas, quedando una franja en disputa entre ambas comunidades.
Un grupo autodenominado “sintierras”, liderado por Ranulfo Vázquez, ocupó recientemente 300 hectáreas, realizando una entrega informal de parcelas de 3 a 4 hectáreas por familia, sin presencia de autoridades ni respaldo legal. Los ocupantes sostienen que el terreno corresponde a la reserva del asentamiento Pedro Giménez.
Durante la ocupación, los invasores expulsaron a un colono menonita que trabajaba el lugar bajo arrendamiento y aseguraron que no permitirán el retorno de terceros.
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Otro sector campesino también reclama la propiedad
En paralelo, campesinos de la Base 3 de Febrero, encabezados por Óscar Guillén, reclaman la titularidad del mismo terreno, afirmando que forma parte de las tierras adjudicadas a su comunidad.Guillén asegura que su grupo está siendo amenazado por los ocupantes y advirtió que la falta de intervención oficial podría desembocar en un choque directo entre familias campesinas.
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Tiroteos, amenazas y riesgo de un enfrentamiento inminente
La situación se deteriora con rapidez. Testimonios locales confirman tiroteos intimidatorios, enfrentamientos verbales y la presencia de encapuchados armados en la zona. Los grupos antagónicos se vigilan mutuamente y se amenazan a corta distancia, en un clima que podría derivar en un enfrentamiento armado en cualquier momento.
Antecedentes: violencia y nexos con el narcotráfico
El predio ya fue escenario de episodios violentos. En diciembre de 2010, un enfrentamiento armado se produjo entre campesinos y guardias privados del entonces ocupante, Teresio López, quien usufructuaba las tierras.López fue posteriormente condenado a 14 años de prisión por narcotráfico, junto con otros miembros de una red criminal. La misma causa involucró al líder Waldemiro Ymas González, condenado a 18 años, y a Édgar Cantero Martínez, sentenciado a 16 años.
Reclamos y ausencia institucional
Los campesinos que hoy ocupan el predio aseguran que no se retirarán mientras gestionan la legalización de la tenencia, aunque reconocen la falta de control estatal, la informalidad en la distribución de parcelas y la ausencia de respuestas del Indert y otras instituciones.
La situación se mantiene en un punto crítico y líderes comunitarios advierten que, sin una intervención inmediata, el conflicto podría derivar en un choque violento con consecuencias graves.