El fiscal anticorrupción Néstor Coronel imputó a la jueza de Garantías N° 2 de Lambaré Isabel Beatriz Bracho Pedrozo, la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Britez y a la exfiscala Egidia Victoria Gómez Denis, por supuesto cohecho pasivo agravado (coima), frustración de la persecución y ejecución penal; y realización del hecho por funcionarios; por presuntamente haber favorecido al sindicado como narcotraficante Walter José Galindo Domínguez, en una investigación vinculada al caso Mercat.
Según la hipótesis fiscal, entre mayo y diciembre de 2021 la Abg. Egidia Victoria Gómez, en su calidad de agente fiscal de la Unidad Penal N° 3 de la Fiscalía Zonal de Villa Elisa; así como, la Abg. Isabel Beatríz Bracho Pedrozo, como jueza penal de Garantías N° 2 de Lambaré, habrían favorecido irregularmente al señor Walter José Galindo, en actos propios de sus respectivos cargos dentro de la causa penal caratulada: “Walter José Galindo Domínguez s/ Transgresión a la ley 1340/88, Ley N° 4036/10 de Armas y Reducción“.
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“Estas irregularidades habrían consistido en la manipulación de actos propios del cargo, para que el imputado Walter Galindo obtenga medidas cautelares menos gravosas; así como, la entrega y manejo irregular de evidencias, la presentación de actos conclusivos y resoluciones judiciales con supuestos visos de legalidad, pero lesionando sus deberes judiciales a cambio de supuestos favores económicos”, resalta la imputación presentada por el fiscal Néstor Coronel.
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En fecha 27 de mayo de 2021, presuntamente luego de haber cobrado US$ 50.000, la jueza Isabel Bracho y la actuaria Ruth Ferreira firmaron la providencia ordenó la constitución de una médica forense del Poder Judicial en el lugar de reclusión de Walter Galindo; y, a la par, se habría fijado para el día siguiente (28 de mayo) mediante otra providencia, firmado solamente por la actuaria judicial, la audiencia de revisión para otorgar a Galindo medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Arresto y permiso especial para Walter Galindo
Luego de la audiencia de revisión, sustanciada el 28 de mayo de 2021, la jueza de Garantías Isabel Bracho habría firmado el Auto Interlocutorio N° 927, refrendado por la actuaria judicial Ruth Ferreira, por la cual otorgó a Walter Galindo la modificación de la prisión preventiva por el arresto domiciliario, utilizando como fundamento un dictamen forense de la médica Ana Stael Alfonso Decoud, sobre el estado de salud de Walter Galindo, cuyo contenido habría sido falso. Actualmente la profesional médica está en juicio por este hecho.
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El Ministerio Público sospecha que el acta de ejecución de la medida cautelar, elaborado por la actuaria Ruth Ferreira, se confeccionó sin la presencia de Walter Galindo, quien supuestamente se encontraba presente aceptando la medida impuesta, pero el documento desvirtúa dicha circunstancia en atención a que solo se encuentra la firma de los abogados Rossana Palazuelos y Gilberto Rojas García, no así de la actuaria judicial ni el imputado.
La fiscalía también presume que la jueza de Garantías Isabel Bracho, mediante una nueva audiencia de revisión fijada para el 21 de junio de 2021, pretendía que se otorgue a Walter Galindo salidas transitorias especiales. Empero, la nueva diligencia se suspendió en más de una ocasión por diversas circunstancias.
En fecha 24 de agosto de 2021 finalmente se llevó a cabo otra audiencia de revisión de medidas, luego de que la Abg. Rossana Palazuelos solicitara el permiso especial para Walter Galindo por problemas de salud. Por Auto Interlocutorio N° 1523 la magistrada resolvió otorgar permiso especial para realizar estudios médicos, de lunes a sábado de 6:00 a 12:00.
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Como fundamento de su resolución la magistrada habría utilizado un informe remitido por el médico forense Carlos Cuevas, quien es desconocido porque en la realidad lo se agregó fue otro dictamen forense de la médica Ana Stael Alfonso del 24 de junio de 2021, que la profesional realizó sin pedido de la jueza Isabel Bracho; y un diagnóstico médico del Dr. Luis López, que serían falsos, circunstancias que no habrían sido consideradas para el mejoramiento de las medidas cautelares.
Pericia tras asegurarse que no encontrarían evidencias
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público el 14 de setiembre de 2021 la jueza de Garantías Isabel Bracho resolvió hacer lugar al pedido de desgrabación de aparatos celulares y notebook incautados a Walter Galindo, realizados por el Ministerio Público.
La autorización se habría concretado recién una vez que la magistrada se aseguró, en consenso con el Abg. Gilberto Rojas, que en los teléfonos y las computadoras no se encontrarían elementos que vinculen a Walter Galindo con los hechos que en ese momento se encontraban bajo investigación.
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A la mencionada circunstancia se agrega el hecho de que recién 37 días después, en fecha 21 de octubre de 2021, aceptó cargo la perito informática que llevaría adelante la extracción de datos de los aparatos incautados, según resalta la imputación presentada por el fiscal anticorrupción Néstor Coronel.
Sobreseimiento definitivo de Galindo
El fiscal Néstor Coronel agrega en el acta de imputación que el 11 de noviembre de 2021 Walter Galindo compareció en el Juzgado de Garantías N° 2 de Lambaré, porque pesaba sobre él una orden de captura, dictada el 2 de noviembre de 2021 a consecuencia de un informe del Departamento de Investigaciones de Central de la Policía Nacional, sobre violación de su arresto domiciliario el 31 de octubre de 2021, a las 22:40.
La jueza de Garantías Isabel Bracho con ayuda de la actuaria judicial Ruth Ferreira habrían permitido que Walter Galindo, posterior a la audiencia de medida cautelar y antes de la resolución respectiva, abandone el lugar sin mayores medidas de coerción y con el conocimiento de que se encontraba vigente una orden de captura, emitida por la propia jueza y refrendada por la actuaria judicial el 2 de noviembre de 2021, según resalta la imputación.
Después de esto, la jueza penal de Garantías Isabel Bracho, nuevamente con ayuda de la actuaria judicial Ruth Ferreira, habría cesado el estado de rebeldía y otorgado medidas menos gravosas a la prisión preventiva a Walter Galindo mediante, en fecha 2 de diciembre de 2021. En este caso, la actuaria judicial habría confeccionado el acta de ejecución de la medida cautelar en presencia de Galindo y la Abg. Rossana Palazuelos, porque obran las firmas al pie de estas tres personas.
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Por último, el 17 de diciembre de 2021, se habría sustanciado la audiencia preliminar con la presencia de Walter Galindo, la Abg. Rossana Palazuelos y el fiscal Osmar Segovia, debido a que la fiscal Egidia Gómez fue recusada. Al finalizar la audiencia, la jueza de Garantías Isabel Bracho habría facilitado el sobreseimiento definitivo mediante la aplicación del criterio de oportunidad prescindiendo de la acción penal a favor de Walter Galindo, como parte de los US$ 50.000, así como la promesa de recibir otra parte de dinero.