La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés emitió hoy un duro comunicado en respuesta a las declaraciones del ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, quien afirmó que existen “inconsistencias” en el reclamo de algunas víctimas del esquema que provocó descuentos compulsivos sobre salarios de docentes y otros empleados públicos.
En el texto, la coordinadora calificó las palabras del titular del MEC como “lamentables, desacertadas, repudiables e irresponsables” y sostuvo que dichas manifestaciones minimizan “una situación que afecta directamente la dignidad y la economía de los trabajadores de la educación”.
La organización detalla, además, graves denuncias sobre el funcionamiento de los descuentos: acusa que el área de sueldos del MEC opera de facto como una “agencia de cobranzas” para casas comerciales; que se validan autorizaciones sin requisitos básicos (sin fechas, sin número de cuotas o incluso sin firmas), lo que permitiría cobros múltiples e indebidos; y que las deducciones se canalizan a través de supuestas “asociaciones amigas” que actuarían como intermediarias de lucro.
“El silencio y la inacción ministerial nos dejan, a todas luces, solo dos explicaciones: o una ingenuidad pasmosa ante la magnitud del problema, o una complicidad inaceptable”, afirma el comunicado, que exige una “rectificación pública inmediata”, controles rigurosos en el área de sueldos, una investigación exhaustiva sobre la llamada mafia de los pagarés y la rendición de cuentas correspondiente.
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Contexto y acciones institucionales
El problema de los descuentos indebidos viene siendo investigado y debatido en el ámbito legislativo y judicial: comisiones del Senado han abordado el tema y se conformó una Comisión Especial de Investigación que busca indagar el esquema conocido como “mafia de los pagarés”.
Paralelamente, diversas organizaciones e instituciones —incluida la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Defensa Pública— han solicitado informes y promovido medidas para la atención de las víctimas, así como la suspensión temporal de embargos que podrían provocar daños irreparables a quienes ya enfrentan descuentos en sus haberes.
El propio MEC ha publicado listados y comunicados en los que reconoce a funcionarios afectados y ha anunciado acciones administrativas en determinados casos, aunque las víctimas y la coordinadora consideran que las respuestas han sido insuficientes frente a la magnitud del problema.
La Coordinadora de Víctimas adelantó que no permitirá que se “mancille la labor docente” ni que se vulnere la economía familiar con prácticas que califican de usureras e ilegales, y advirtió que insistirá en la exigencia de transparencia, controles y sanciones a los responsables tanto privados como, si corresponde, a funcionarios públicos que hayan permitido las irregularidades.