La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Lici Teresita Sánchez, quien interina a su colega Osmar David Legal Troche, rechazó por Auto Interlocutorio (AI) N° 400 el pedido hecho por el abogado Óscar Luis Tuma Bogado, de dejar sin efecto las transferencias de tres inmuebles hechas por su cliente, Alexandre Rodrigues Gomes, acusado en Pavo Real Py II, como forma de pago de sus honorarios.
Se trata de tres inmuebles ubicados en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, individualizados como “Lote N.º 3”, con superficie de 396 m² (Escritura Pública Nº 51); “Lote N.º 1-A” (Escritura Pública Nº 52), y otro más que fue objeto de acto jurídico por la Escritura Pública Nº 53.
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El abogado Óscar Tuma, que actualmente ejerce la defensa de Alexandre Rodrigues, señaló “a fin de que los inmuebles sobre los cuales el Ministerio Público ha solicitado la aplicación del comiso sean puestos a disposición plena de este Juzgado y puedan ser sometidos a cotejo dentro del procedimiento correspondiente, vengo a solicitar que se ordene dejar sin efecto las transferencias efectuadas”.
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Tuma aclaró que solo pidió la cancelación del acto jurídico en relación a tres de los cuatro inmuebles que fueron objeto, pues solo sobre los tres citados recae la medida cautelar y el pedido de comiso, mientras que sobre el cuarto no existe pedido.
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Juzgado se declara incompetente para cancelar transferencias
La magistrada resaltó primeramente, al momento de su análisis, que la causa relacionada a las transferencias de cuatro inmuebles entre Alexandre Rodrigues y el abogado Óscar Tuma, se tramita en el juzgado de la jueza penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Rosarito Montanía.
En ese contexto, la jueza Sánchez señaló que en la norma se “establece claramente que la competencia de jueces es improrrogable con excepción al caso que nos ocupa”, es decir, que el caso no se puede tramitar ante un juzgado ajeno al encargado natural de la causa.
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En otro momento, refirió la jueza Sánchez “con relación a terceros y conforme a las constancias que se tiene a la vista, los inmuebles de referencia, se han inscripto medidas cautelares en el marco de la presente causa conforme AI N° 253 del 10 de julio de 2025”.
En ese sentido, dichos inmuebles están bajo la administración de la Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), por lo que dicha institución pasa a constituirse en un tercero, con intereses en el resultado del presente proceso penal en relación a la administración de bienes incautados.
“Corresponde a la Justicia Penal con exclusividad conocer en los hechos punibles previstos en la Legislación Penal como asimismo la de ejecutar sus resoluciones, siendo incompetente este Juzgado en razón a la materia para ordenar dejar sin efecto jurídico las trasferencias voluntarias realizadas, y como consecuencia directa cancelar expresamente las inscripciones de las referidas Escrituras en el Registro Público”, expresó la magistrada.
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Transferencias de bienes de Alexandre Rodrigues tras alteración en DGRP
El 19 de agosto de 2024, se ejecutó la operación “Pavo Real Py II”, con allanamientos en simultáneo a las casas del entonces diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, ubicadas en Pedro Juan Caballero. En el procedimiento, murió el legislador y Alexandre Rodrigues cayó preso. Estos fueron dirigidos por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres.
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Ese día, el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, a través del AI N° 331, decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes sobre Alexandre Rodrigues, lo que lo inhabilitaba para disponer de sus bienes. El 20 de agosto, el abogado Óscar Tuma asumió como defensor penal de Alexandre.
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El 20 de agosto, el juzgado ordenó vía oficio a la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), que se registre la medida cautelar a los imputados, entre ellos Alexandre Rodrigues. A las 8:22 se informó al juzgado que a las 7:44 se cumplió con lo solicitado. Las anotaciones estuvieron a cargo de la funcionaria Graciela Rodríguez, con código de usuario 101.
El abogado Óscar Tuma apeló el AI N° 331 a las 0:56 del 21 de agosto de 2024, señalando que la medida cautelar era nula, pues la admisión de la imputación aún no estaba firme. A estas alturas, Tuma ya tenía conocimiento de la medida cautelar y todo el contenido del expediente electrónico, según fiscalia.
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Ese 21 de agosto, a las 12:22, la funcionaria de la DGRP imputada Alcira Celeste Rodríguez Flores, ingresó al sistema con su código de usuario 107, realizó una actualización en la anotación de Alexandre Rodrigues Gomes, reemplazando su nombre y apellido por el de Alexandra Rodríguez Giménez; y también los números de cédulas, de 6.518.333 por 5.183.336. Esto “limpió” al procesado de la medida judicial.
Alexandre Rodrigues, Óscar Tuma, una funcionaria de Registros Públicos y tres escribanas imputados
En el marco de la investigación vinculada a las trasnferencias de 4 inmuebles, entre Alexandre Rodrigues Gomes y Óscar Tuma, ambos fueron imputados, al igual que la funcionaria de la Dirección General de los Registros Públicos, Alcira Celeste Rodrigues Flores.
En forma paralela, también se formuló imputación contra Alexandre Rodrigues Gomes, y las escribanas Blanca Rossana Ozuna Leguizamón (San Lorenzo, María Luisa Verón de Jara (Areguá) y María Raquel Cáceres Olmedo (Fernando de la Mora), por el caso “copia fiel”.
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Los hechos punibles atribuidos a Alexandre Rodrigues, son el lavado de dinero, en la modalidad de frustrar su comiso, en calidad de autor; así como la instigación para la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso. La fiscalía pide su prisión preventiva.
En tanto que para las escribanas Blanca Ozuna, María Verón y María Cáceres, los hechos son la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso. Todos en calidad de autoras.