Daniel Paredes, vicepresidente de la Comisión Alerta Ciudadana, relató cómo los vecinos viven entre la zozobra y la impotencia. Grupos de jóvenes adictos merodean la zona, hurtan objetos y protagonizan peleas que aterran a las familias, muchas de las cuales temen salir de sus casas al caer la tarde. “Estamos cansados de que las autoridades no reaccionen. No vemos soluciones, solo promesas vacías”, expresó.
Las cámaras fueron instaladas a lo largo de un tramo de aproximadamente cuatro cuadras, y cada vecino cuenta con acceso a una aplicación que le permite monitorear en tiempo real lo que ocurre frente a sus hogares. Aunque esta medida ofrece cierta tranquilidad, también refleja la desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.
La iniciativa fue financiada por los pobladores con una inversión de G. 4.800.000, y evidencia la ausencia del Estado en la protección de los ciudadanos.
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Preocupa el incremento de jóvenes adictos
El suboficial Juan Vargas aseguró que la Policía realiza los recorridos constantes en el barrio, pero admitió que la problemática sigue creciendo. “Cada vez hay más adictos, y la situación se agrava porque muchas veces la gente calla ante los delitos”, reconoció. Sin embargo, para los vecinos, los patrullajes no son suficientes ni rápidos para prevenir los incidentes.
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La instalación de las cámaras expone una realidad preocupante: los habitantes de Santa Ana sienten que deben asumir costos y responsabilidades que deberían estar cubiertos por el Estado. La comunidad se organiza para protegerse porque las instituciones no cumplen su rol, dejando a la ciudadanía a merced de la violencia.
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