Movilizados “en defensa del agua de Cordillera”, pobladores de Atyrá se declararon en alerta luego de que el Tribunal de Cuentas Segunda Sala otorgara una medida cautelar que habilita la extracción de agua subterránea en Zanja Hu para un emprendimiento inmobiliario en Ypacaraí.
El asesor jurídico de la comisión vecinal Defensa del Agua, Víctor Samaniego, afirmó que la resolución “está basada sobre premisas falsas porque la medida cautelar no puede versar sobre el fondo de la cuestión".
Alega también que el agua no es para una comunidad, sino exclusivamente para llenar una laguna artificial de más de tres hectáreas.
Nadie habita en el sitio
Según denuncian los pobladores, la laguna es parte de un complejo de viviendas y hoteles donde no reside ningún habilitante.
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“Es totalmente falso porque el proyecto inmobiliario está en construcción, nadie habita ahí. Solo los trabajadores están ahí. Le otorgaron una medida cautelar para una comunidad que no existe, en detrimento a la comunidad de Atyrá que está siendo perjudicada”, cuestionó el abogado.
En peligro la provisión de agua
El abogado advirtió que las perforaciones estarían tocando el Acuífero Caacupé, considerada como única fuente de agua de Cordillera y parte de Paraguarí.
Añadió que este proyecto inmobiliario comprometería el abastecimiento de la zona. “Los arroyos y los ykua desaparecieron porque se están colocando varias lagunas artificiales entre San Bernardino, Altos e Ypacaraí que utilizan el agua del acuífero Caacupé”, lamentó.
La cautelar, solicitada por los abogados Gabriel Chase A. y Ever Daniel Cohene, en representación de Highlands Park & Lagoon SA, “suspende” tres resoluciones municipales y ordena el “inmediato suministro de agua potable a la comunidad afectada”.
Piden intervención del JEM
Ante el escenario, los pobladores solicitaron la intervención de oficio del JEM para revisar el fallo por el posible “daño ecológico irreversible” al acuífero.
“De revocarse las resoluciones municipales y continuar con las excavaciones, toda la ciudad de Atyrá podría quedar desabastecida, así como Tobatí y parte de Paraguarí”, alertó.
Además, el asesor jurídico recordó que esperan un sumario del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) contra la empresa por no contar con estudio de impacto ambiental para la excavación del pozo.
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Samaniego indicó que el próximo jueves 4 de diciembre arrancarían una serie de manifestaciones “por la inacción de muchas de las autoridades a las que hemos recurrido y no han tomado medidas precautorias”.
Un proyecto de lujo con una “laguna de cristal”
De acuerdo a la denuncia, el pozo excavado será de uso “exclusivo” para Highlands Lagoon Lifestyle, un barrio cerrado que se construye entre San Bernardino y Ypacaraí, impulsado por Petrohue Real Estate SA, cuyo representante es el chileno Martín Tempe.
El condominio se promociona como poseedor de una “Crystal Lagoon” con “la mayor superficie de playa en el mundo”, una tecnología estadounidense que permite crear lagunas artificiales de gran escala en cualquier entorno.
El abogado Alberto Gabriel Chase, representante legal del emprendimiento Highland, respondió a las protestas vecinales. Sostuvo que la empresa cumplió todos los requisitos legales desde el inicio y que la crisis actual fue provocada por la Municipalidad de Atyrá al “revocar sin fundamentos” el permiso previamente otorgado para la excavación y tendido de la red de impulsión de agua potable.
Aseguró que la Municipalidad revocó el permiso sin exponer argumentos y que además un grupo de personas destruyó toda la infraestructura instalada. Señaló que el entonces presidente de la Junta Municipal fue imputado por daño a la propiedad y apropiación indebida.
“Nunca se siguió el proceso administrativo correspondiente; destruyeron la inversión el mismo día en que nos intimaron a retirarla”, afirmó Chase.
¿Hay residentes que requieren del agua?
Sobre el argumento de que hay habitantes en la propiedad, cayó en contradicciones. Primeramente, dijo que ya había personas viviendo allí. Luego, cuando se le planteó que no se observan viviendas terminadas, indicó que casi 1.000 obreros viven en la zona de obras. “Y están en una situación de miseria”, declaró.
Ante la insistencia sobre la aclaración respecto a si hay o no pobladores viviendo en el barrio cerrado dijo que sí, pero no supo precisar cuántos ni cómo, considerando la falta de infraestructura. “Están en una situación de miseria, de calamidad”, sostuvo.