El 13 de octubre del 2025, desde el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) respondieron a un pedido de acceso a la información pública realizado por Hugo Portillo, quien solicitó el listado detallado de las personas que ingresaron a Mburuvicha Róga desde el día 15 de agosto de 2023 hasta el día 12 de octubre.
El pedido se realizó en el marco del esquema conocido como “Los Sobres del Poder”, a raíz de la denuncia de Luz Candado, excoordinadora del personal doméstico del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, quien denunció su desvinculación tras supuestamente el extravío de un sobre con dinero en efectivo de una de las residencias presidenciales.
Antes de ser desvinculada, Luz Candado, junto a su familia, fueron sometidos a pruebas de polígrafo, interrogatorios, entre otros malos tratos, según denunció. La misma afirmó que en diferentes ocasiones tanto ella, como el personal a su cargo, encontraron varios sobres con dinero en efectivo dentro, tras la visita de empresarios y políticos a las residencias presidenciales.
En la respuesta, Julio Pavón, director Unidad Anticorrupción del MDN, indicó que los registros de “dichas actividades” pueden accederse a través de la web o redes sociales de la Presidencia de la República.
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Además, también respondieron a la solicitud con un archivo adjunto, el cual es una resolución en la que se niega parcialmente el acceso a la información solicitada, debido a que se encuentra dentro de la “categoría de información reservada”.
Amparo para acceso a información pública
Ante esta respuesta de las instituciones públicas, bajo representación de los abogados Ezequial Santaga y Federico Legal, el solicitante presentó una acción de amparo constitucional ante la jueza María Fernanda García de Zúñiga.
En su argumento sostienen que la resolución emitida por el MDN constituye la decisión administrativa por la cual la institución argumentó de manera genérica y en abstracto un criterio de seguridad nacional, citando una serie de leyes que nada tienen que ver con los hechos del caso relacionado con “Los Sobres del Poder”.
Agregan que en el mismo pedido de información solicitan que la información considerada como reservada, por cuestiones de inteligencia, sea tachada; pero la resolución decidió impedir totalmente el acceso a cualquier tipo de datos sobre cualquier tipo de visitas.
Para el solicitante no se entregó ninguna copia de las planillas solicitadas, tampoco se realizó una aplicación concreta y estricta de las excepciones, no se exploró la posibilidad de entregar información parcial, establecido en el principio de divisibilidad, se invocó genéricamente la seguridad nacional y el régimen de inteligencia para negar información que es esencialmente administrativa y de alto interés público.
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“Es público y notorio que la solicitud de las planillas de ingreso y egreso de Mburuvichá Róga se enmarca en un debate nacional de fuerte relevancia pública, conocido como el caso 'Los sobres del poder‘, donde se denunciaron presuntas entregas de sobres con grandes sumas de dinero a empresarios en la residencia presidencial, supuestamente vinculados a millonarias licitaciones estatales”, sostienen los solicitantes en el documento.
Insistieron en que la información solicitada no solo es pública, sino que reviste un interés público superlativo, al estar directamente vinculada a la integridad de la función presidencial y al uso de recursos públicos.
Visitas a Mburuvicha Róga
El escándalo de hallazgo de sobres con miles de dólares en Mburuvicha Róga dejó en evidencia llamativas visitas en horarios poco usuales y sin registros en la agenda oficial del presidente Santiago Peña.
Una de ellas es Miguel Cardona, principal accionista de la empresa con el mayor contrato público del programa Hambre Cero.
También aparece Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez, cuyo banco y otras empresas se beneficiaron con billones de fondos públicos en los dos años de este gobierno. Además, Peña tenía acciones en Ueno Holding, una de las empresas del grupo Vázquez, incluso después de asumir como Presidente de la República.
Asimismo, figuran el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, y el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón.