Un grupo de pobladores de la compañía Santa Catalina y otras comunidades de Independencia denunció la apertura y ampliación de sojales en zonas que, según aseguran, forman parte del área protegida.
Los vecinos manifestaron su preocupación ante el eventual uso de agroquímicos en cercanías de cursos hídricos, viviendas e instituciones educativas, situación que, según relatan, se ha vuelto más frecuente con la expansión de la agricultura mecanizada en los últimos años.
Aseguran que las denuncias formales fueron presentadas ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), la Municipalidad de Independencia y la Fiscalía de Villarrica, a fin de solicitar una intervención inmediata que determine si los cultivos se encuentran efectivamente dentro de la reserva y si se cumplen las medidas de mitigación ambiental.
“Queremos que vengan a verificar. No sabemos si tienen permisos ni si respetan las franjas de protección. Acá hay muchas familias y el viento arrastra todo su veneno”, expresó Gloria Martínez, docente y pobladora de Santa Catalina.
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Los pobladores relataron que la zona siempre fue conocida por su producción de caña de azúcar y yerba mate, pero que en los últimos años la soja fue ganando terreno en el Guairá, llegando ahora incluso a sectores considerados sensibles.
En contrapartida, uno de los pequeños productores de soja de la comunidad, José Domingo Vázquez, cuya parcela no supera las dos hectáreas, defendió su actividad y aseguró que cumple con todas las normativas del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (Senave). Asegura respetar la distancia de 150 metros de caminos y casas, y usar poco glifosato, manteniendo los riesgos de contaminación al mínimo.
El agricultor explicó que muchos pequeños productores recurren a la soja como alternativa económica ante la caída de precios de otros rubros tradicionales, aunque dijo estar a disposición de las autoridades administrativas y la justicia en caso de que realmente esté infringiendo alguna normativa.
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Los vecinos, sin embargo, insisten en que no todos los cultivos cumplen las disposiciones legales y que algunos se estarían introduciendo en áreas identificadas como parte de la reserva natural, donde la agricultura mecanizada está prohibida.
Otro caso señalado en la compañía Yroysa sería aún más grave, puesto que los cultivos de soja se hallan a menos de 40 metros de la ruta principal y de un pozo de agua perteneciente a la junta de saneamiento de la zona. El denunciante de este caso, Albino López, manifestó su preocupación de que se contamine el agua que consumen niños, adultos y ancianos.
La Municipalidad de Independencia confirmó haber recibido la denuncia y adelantó que solicitará un acompañamiento técnico del Mades para determinar los límites exactos del área protegida y verificar posibles infracciones.
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El intendente José Resquín (ANR) explicó que el municipio no cuenta con una ordenanza municipal que prohíba el cultivo de soja. No obstante, en caso de confirmarse la violación de los límites de la reserva, se tomarán las medidas posibles para terminar con las infracciones.
Por su parte, la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente de Villarrica, Jadiyi Ortiz, informó que ya se analizan los antecedentes remitidos por los denunciantes y se encuentran abiertas varias causas, incluso con allanamientos realizados, pedidos de informes y georreferenciación de las parcelas afectadas.
La fiscal Ortiz remarcó que el Ministerio Público investigará todas las denuncias presentadas y buscará la penalización en los casos que corresponda.
Como parte del proceso, las instituciones involucradas deberán determinar si los productores cuentan con Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), las medidas de mitigación de impacto ambiental y si los límites de sus cultivos coinciden o no con el perímetro oficial del área protegida.