Con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó su informe “Rompiendo el silencio” sobre asesinatos de periodistas en Paraguay.
Según la organización, es un documento que recopila, analiza y visibiliza los casos de violencia y asesinatos de periodistas en nuestro país entre 1989 y 2024.
La presentación se realizó esta mañana en la Sala Plenaria del Congreso Nacional.
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Un registro ampliado de víctimas
El secretario de Codehupy, Dante Leguizamón, reveló que el registro histórico incluía inicialmente a 21 periodistas de investigación. Sin embargo, en el informe se revela que se identificó a una víctima más: un comunicador popular campesino que habría sido asesinado debido a su labor como locutor radial.
El secretario enfatizó que el informe busca servir como base para la Comisión de comunicadores que debe crearse en cumplimiento de la sentencia de la Corte-IDH contra el Estado paraguayo por el caso de Santiago Leguizamón.
“Este documento es la base donde están todos los datos de los periodistas asesinados: fechas, trabajos que hacían y dónde, sobre qué investigaban; cuáles podrían ser las hipótesis y también dónde se encuentran sus procesos judiciales. Pretendemos que sea la base de ese grupo para impulsar no solo justicia, sino también el derecho a la verdad que tienen los familiares”, declaró.
Leguizamón agregó que, aunque el Estado ha cumplido parcialmente las medidas dispuestas por la Corte-IDH, “sigue en deuda” por la ausencia de una ley de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, así como por no promover la creación de la comisión mencionada.
Cifras de impunidad
El secretario precisó que, de los 22 casos registrados, solo dos lograron condena en Paraguay: el de Pablo Medina y el de su asistente Antonia Almada. Resaltó que en el caso de Samuel Román se obtuvo justicia en Brasil.
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Narcotráfico, corrupción y frontera
Leguizamón detalló que la mayoría de los asesinatos están vinculados al narcotráfico y la corrupción, principalmente en departamentos fronterizos con Brasil y Argentina.
Acotó que la mayoría de los casos se concentra entre San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú.
También reveló que las víctimas fueron atacadas por sus investigaciones y que la mayoría eran locutores radiales de la zona.
