El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), levantó la suspensión que pesaba sobre la cuestionada licitación para la compra de uniformes escolares por G. 51.923 millones, que al cambio actual son US$ 7,6 millones, según confirmó la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
El proceso se había suspendido temporalmente en dos ocasiones, debido a numerosas protestas que apuntan a supuestos direccionamientos en el llamado público. Cinco empresas, entre ellas algunas muy conocidas en el rubro de las prendas, como Sallustro y Compañía S.A., presentaron sendas protestas en contra del llamado público nacional. Si bien la suspensión se levantó, en la web de la DNCP no hay nueva fecha para la presentación de ofertas.
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Los reclamos tienen que ver con las desmedidas exigencias en el pliego de bases y condiciones. Son en total 148 los cuestionamientos a este proceso, que constan en el sitio web de la DNCP.
La licitación volvió a habilitarse en los últimos días a pesar de que el ministro de Educación, Luis Ramírez, había dicho en una reciente entrevista en ABC Cardinal que “lo del uniforme no está”, dando a entender que no había prosperado. Fue cuando se le consultó su parecer respecto a la cantidad de cuestionamientos que se realizaron este año, a procesos de compra realizados por el MEC y desde otras instancias del Gobierno de Santiago Peña.
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Desmedidas exigencias
Al levantarse la suspensión, dentro del pliego de bases y condiciones siguen apareciendo las mismas exigencias cuestionadas, como que las empresas oferentes cuenten con 200 costureros en relación de dependencia, registrados en IPS, cuando son escasas las fábricas textiles que tienen esta cantidad de costureros, algo que fue reclamado por las firmas privadas.
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También piden contar una capacidad de producción de 10.000 prendas por día y que las proveedoras tengan una fábrica propia o alquilada de una extensión de 1.500 m2; ambos puntos también protestados y considerados como “desmedidos”.
Lo más llamativo del pliego de bases es que el oferente debe justificar el uso de algodón orgánico con reducción del 50% en consumo de agua en el proceso de teñido y asegurar condiciones de comercio justo en la cadena de suministro.

De acuerdo con las protestas, este tipo de materia prima exigido por el MEC no se fabrica en Paraguay, se fabrica en Brasil, además se utiliza generalmente para marcas de moda y no para vestimentas escolares.
MEC cambió parcialmente pliego
Debido a las protestas, que obligaron a Contrataciones Públicas a suspender este procedimiento de manera parcial a finales de enero de este año, el MEC había cambiado en febrero una parte del pliego de bases, pero únicamente en lo que tiene que ver con la cantidad de personal de costura en relación de dependencia.
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“La más importante de todas (modificaciones) es el nivel de consorcios, para llegar a 200 (costureros), ahora se puede juntar una firma que tenga 150 con otra 50 y ahí completan lo que necesitamos”, había indicado Luis Ramírez en una entrevista.
Sobre la cantidad de producción por día, desde la cartera educativa justificaron la decisión, indicando que se necesita entregar una gran cantidad de prendas en poco tiempo, para poder llegar a todas las instituciones educativas donde están previstas las entregas.
De acuerdo con lo programado, el MEC pretende entregar los uniformes a 236.014 estudiantes de 22 distritos priorizados. Cada uno de los alumnos recibiría un kit con dos remeras blancas y un buzo azul (campera). Cada combo tiene un costo estimativo de G. 220.000 (US$ 32).
Empresas cercanas a Horacio Cartes
El precio de referencia establecido por el MEC para la licitación se determinó por medio de consultas a la empresa Texcin Group, propiedad de Andrés Gwynn y sus hijos José Ignacio Gwynn y Tomás Gwynn. Además fue consultado Grupo Basic, cuyo directivo es también Andrés Gwynn, amigo, socio comercial y ex asesor internacional del titular de la ANR, Horacio Cartes, cuando fue presidente de la República entre 2013 y 2018.
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El empresario Andrés Gwyn tienen otro vínculo con Cartes. La empresa Textil San Francisco, cuya planta industrial estaba instalada en el barrio San Francisco, de Zeballos Cué, tiene como copropietaria a Chiara Capdevilla, pareja del presidente del Partido Colorado.
La planta industrial de esta empresa había sido construida con una inversión de Itaipú por G. 4.300 millones, con capacidad inicial de otorgar 200 fuentes de trabajo, casualmente, la cantidad de empleados requeridos en el pliego de condiciones que exige el MEC para adjudicar los uniformes. Esta planta industrial del barrio San Francisco fue desmontada este año, luego que se suspendiera por segunda vez la licitación.
Las denuncias también apuntaron a que las firmas consultadas por la cartera educativa para la imposición de precios referenciales, dos de las cuales pertenecen a Gwyn, son las que cumplen con las “desmedidas exigencias” del pliego de bases y condiciones. Intentamos comunicarnos con el ministro de Educación, Luis Ramírez, sobre la habilitación del llamado a licitación, pero no respondió a nuestras consultas.
