El agente fiscal de Santa Rosa del Aguaray, José Godoy, junto con su colega Carlomagno II Alvarenga, remitió el requerimiento conclusivo en el que formaliza cargos contra los tres procesados. El juez penal de garantías de Santa Rosa del Aguaray deberá convocar la próxima semana a una audiencia para decidir si el resonante caso será finalmente remitido a juicio oral.
Los procesados fueron inicialmente detenidos y pasaron diez días en la Comisaría de Santa Rosa del Aguaray. Posteriormente, William Bogarín Campuzano y la abogada Ilsa Paredes fueron trasladados a la cárcel regional de San Pedro de Ycuamandyyú. Por su parte, José Francisco Ljubetic Arréllaga cumplía arresto domiciliario debido a su edad.
El Juzgado de Garantías había ratificado la prisión preventiva de Bogarín Campuzano, funcionario del Congreso, y de Paredes, a quienes se atribuye integrar una red criminal involucrada en una estafa millonaria a colonos menonitas, cuyo perjuicio supera 1,5 millones de dólares.
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Modus operandi y presunta red criminal
De acuerdo con las investigaciones policiales y fiscales, los acusados, junto con otros implicados, habrían participado en un esquema ilícito que incluía estafa, asociación criminal y falsificación de documentos, todo en torno a la falsa promesa de compra de 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco, operación que nunca se concretó.
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La defensa de Bogarín Campuzano presentó varias apelaciones buscando sustitutivos a la prisión. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de San Pedro confirmaba en su momento las medidas, y el juez de garantías Vicente Coronel ratificaba nuevamente la prisión preventiva. Pese a los pedidos de revisión, las autoridades judiciales decidieron mantener la medida.
El caso generó fuerte tensión política debido al perfil de Bogarín, dirigente del Partido Colorado y alto funcionario parlamentario antes de su separación del cargo. Según fuentes cercanas, se habrían ejercido presiones políticas para que los acusados accedan a medidas alternativas, pero estas fueron rechazadas por el juzgado.
Pero luego, de varias acciones habían logrado los acusados abandonar la prisión y seguir con el proceso de sus casas, con medidas y ahora se aguarda la decisión del juez de garantías.
La investigación ha sacudido a la comunidad menonita, especialmente a la familia Friessen, principal denunciante. Según señalan, fueron engañados con la promesa de adquirir tierras que jamás fueron entregadas. La denuncia derivó en una investigación fiscal–política que culminó con la detención y ahora acusación de los presuntos responsables.