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En horas de la noche una comitiva liderada por el fiscal Eugenio Ocampos, ingresó al citado establecimiento para evaluar el estado de las instalaciones, luego de varias semanas de ocupación por parte del grupo de alumnos que exigen la desanexión de la Facultad de Derecho.
Además de esta diligencia, el Ministerio Público ofició de mediador para el principio de acuerdo para finalizar la toma de la institución, aunque trascendió que el director Miguel Ángel Yubero, adelantó que no firmará la nota, puesto a que espera la realización de un sumario por parte de la Facultad de Derecho, de la cual la Escuela de Ciencias Sociales continúa en relación de dependencia.
Los alumnos en movilización manifestaron que el acuerdo constituye una garantía de que no habrá represalias de las autoridades académicas. Con presencia de una escribana hubo una firma parcial del acuerdo para retomar las actividades, independientemente a la postura del director, informó Mili Aguayo, para radio ABC Cardinal.
Por otro lado el fiscal Ocampos señaló que se han individualizado a unos 18 estudiantes participantes en la toma que serán llamados a declarar en el transcurso de los próximos días, pero que no serán imputados.
La crisis inició en los primeros días de octubre con la ocupación de la institución, por parte de los alumnos que fueron retirados del padrón. Desde ese momento hubo un ir y venir de acusaciones con el grupo que se manifestó en contra de la toma, la mayoría de ellas relacionadas a supuestas influencias político-partidarias, del Frente Guasú y el Partido Colorado, respectivamente.
Durante la toma, los alumnos exigieron la desanexión como la única vía para destrabar la crisis en la Escuela de Ciencias Sociales.