Los portavoces de la comunidad llegados a Asunción instaron hoy a la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado a que presione al Ejecutivo para que detenga la deforestación por parte de la empresa ganadera Yaguareté Porã, a la que acusan de destruir más de 40.000 hectáreas en connivencia con miembros del poder público, según denuncian.
“La deforestación continúa sin parar y genera malestar en nuestra comunidad, estamos preocupados por cómo afectará a los nuestros que están en el monte”, dijo a Efe Tagüide Picanerai, uno de los líderes.
Los ayoreo, cuyo territorio tradicional abarca desde el sur de Bolivia hasta el sur del Chaco paraguayo, son el último pueblo indígena en América que queda fuera de la Amazonía con miembros que no han estado aún en contacto con personas externas a su comunidad.
La empresa brasileña destruyó 600 hectáreas de bosque en poco más de dos semanas en su territorio el mes pasado, según denuncian las organizaciones no gubernamentales Gente, Ambiente y Territorio (GAT) y Payipie Ichadie Totobiegosode, que supervisan la situación de los ayoreo con fotografías aéreas y de satélite.
Estudios geográficos, jurídicos y antropológicos demuestran que el territorio histórico de los ayoreo ocupa unas 550.000 hectáreas, que ellos reclaman al Estado desde 1993, cuando los primeros grupos comenzaron a abandonar su entorno natural huyendo de la tala ilegal, según dijo su abogado, Julio Duarte.
La empresa lleva talando desde hace más de un año sin tener la licencia ambiental en regla, ya que esta fue suspendida por la Justicia tras recibir la demanda de los ayoreo, según el letrado. En enero pasado la estatal Secretaría del Ambiente (SEAM) renovó la licencia ambiental a Yaguareté Porã, a pesar de que existía una resolución anterior que condicionaba su renovación a que la empresa presentara un nuevo estudio de impacto ambiental, algo que nunca se produjo, dijo Duarte.
“Urge que la SEAM retire la licencia ambiental a Yaguareté Porã y urge que el Estado compre las tierras para el pueblo ayoreo totobiegosode, que es su hábitat natural”, dijo hoy el senador de Avanza País, Miguel López Perito. El senador calificó de ilegal el proceso de deforestación en la zona y sostuvo que la empresa “cuenta con protección del propio Poder Ejecutivo”.
El senador dijo que la SEAM no ha respondido al pedido de información remitido desde la Cámara Alta sobre por qué se concedió esa licencia cuando se está produciendo el mencionado impacto ambiental.
La Secretaría del Ambiente tampoco ha respondido a numerosas peticiones de Efe para hablar sobre el caso.
Duarte destacó que han presentado el caso ante el Comité de Discriminación Racial de las Naciones Unidas y el Relator Especial sobre derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.
“Hemos solicitado la intervención de Naciones Unidas a fin de que se requiera al Estado paraguayo la efectiva protección de los derechos de los totobiegosode, en particular relacionado con el territorio que ellos reclaman, cuya restitución reivindican hace más de 20 años ante instituciones del Estado paraguayo”, explicó.
Duarte aseveró que, aunque los indígenas no renuncian a las 550.000 hectáreas originales, quieren garantizar unas 200.000 hectáreas para preservar su modo de vida, idioma, cultura y el hábitat natural.