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El 14 de octubre próximo, la justicia del Reino Unido decidirá si otorga o no la extradición a nuestro país de los implicados en el vaciamiento de la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi), expuso el fiscal Aldo Cantero, quien incluso tuvo que declarar ante el tribunal británico en su carácter de experto en leyes, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.
“Fue un pedido muy difícil para el Ministerio Público paraguayo, porque nunca se ha usado este tratado (de extradición) entre Paraguay y el Reino Unido. Es la primera vez y lo que tendría que ser una simple diligencia se transformó en un juicio oral y público realmente, ya que se tocaron temas de fondo, hechos y circunstancias completamente ajenas al proceso, a fin de garantizar la mayor defensa de estas personas”, dijo.
Detalló que la principal arma de la defensa de los acusados fue el peligro que corrían si eran extraditados, en razón de que se “violan los derechos humanos europeos”, pues estas dos personas, si bien son de nacionalidad venezolana, cuentan con pasaporte europeo. “Nosotros argumentamos todas las garantías, incluso con las nuevas autoridades, Barone guardará reclusión en el pabellón Libertad (de la Penitenciaría de Tacumbú) y la señora (Vázquez) en el penal del Buen Pastor”.
Según la investigación fiscal, Barone y Vázquez recibieron US$ 35 millones de la Cajubi para supuestas inversiones en bienes raíces en Miami, Florida (EE.UU.), que nunca se realizaron. La pareja constituyó la empresa Euroinvest en Panamá, en complicidad con exdirectivos de la Cajubi, al solo efecto de perpetrar su vaciamiento. En 2006, la Cajubi empezó a remesar US$ 4 millones a la empresa de Barone llamada Resitrust.