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El ministro afirmó que la decisión de relevar del cargo al general Martín Cáceres y nombrar en su lugar al general José Alvarenga es una decisión exclusiva del presidente de la República. Manifestó que el cambio es con el objetivo de mejorar la eficiencia en el marco de las gestiones de la Fuerza de Tareas Conjuntas.
Por otro lado, fue consultado con respecto a las críticas de la población sobre el trabajo de la FTC. De Vargas respondió que, contrariamente a lo que la gente asegura, el área de cobertura de la FTC no es pequeña. “No quisiera hablar de insuficiencia de recursos humanos, pero estos delincuentes siempre recurrirán a la sorpresa. Jamás atacarán un lugar que esté custodiado. No digo que eso imposibilite una cobertura, pero sí es un inconveniente”, explicó el ministro.
Al cuestionarle que este argumento invalida el trabajo de la FTC, y los más de 5 millones de dólares que se han invertido en tres años de combate al EPP, el ministro reconoció que no están conformes con los resultados, pero pidió que tampoco se dejen de reconocer los “casi 100 terroristas sacados de circulación”, en este tiempo. “¿Por qué cada vez que se mencionan los números de abatidos y detenidos, son obviados?”, se preguntó el ministro, algo molesto por las críticas que se le mencionaron.
Explicó que es “impensable”, que existan controles en cada uno de los establecimientos ganaderos de la zona de influencia del grupo armado, y añadió que las constantes críticas “pueden desmoralizar al personal” y eso es lo que le preocupa.
Al ser consultado sobre la posibilidad de instaurar el estado de excepción, respondió que estas son “técnicas ya superadas” y que solo implicaría volver a repetir lo que ya se hizo en gobiernos anteriores, y que arrojó resultados menos productivos de los que se tienen ahora, según De Vargas. El ministro remarcó que la única salida es la presencia permanente de efectivos de la FTC en el norte.
Se refirió también a los señalamientos a uniformados tras las declaraciones del narcotraficante argentino Ibar Pérez Corradi. El ministro afirmó que hubo imputados en la policía, así como relevos en los departamentos de Informática e Identificaciones. Sin embargo, no mencionó nombres específicos.
Criticó que las denuncias de Pérez Corradi se mediatizaron “con mucho revuelo y finalmente este señor y su pareja terminaron dando solo un nombre, con el cual tienen cierto parentesco”.