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Los productores de azúcar orgánica exportan al año alrededor de 100 mil toneladas por un valor superior a los 17,5 millones de dólares a los Estados Unidos de América y Europa, principalmente, según datos de la Coordinadora Paraguaya de Comercio Justo (CPCJ). El “Comercio Justo” es un mecanismo de negociación comercial, equitativa y justa entre productores y consumidores, reconocido internacionalmente.
Paraguay se ha posicionado como el principal exportador mundial de azúcar orgánica, cuya demanda está creciendo fundamentalmente en los países desarrollados, explicó el ingeniero Andrés González, de la CPCJ.
“Hay un buen mercado y Paraguay es líder en el rubro. Su calidad es inigualable y es por eso que los extranjeros, principalmente del continente europeo, se lucen al utilizar nuestro producto en sus elaboraciones y destacan en sus envoltorios que es ‘made in Paraguay’. Se elabora a partir de materia prima proveniente de cultivos de pequeños cañicultores y se exporta a 35 países”, destacó.
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El azúcar orgánica nacional es muy reconocida a nivel mundial. Nace en el Paraguay, precisamente en Arroyos y Esteros, lo que posicionó a nuestra nación como la primera productora y exportadora. En segundo punto, la presencia fuerte tiene que ver con la buena calidad respecto a los competidores (Brasil, Argentina, India, Cuba y Colombia), explicó el agricultor.
La exportación emplea a 4.000 productores. En las fábricas trabajan 10 mil personas, que se encargan de realizar la ardua labor de pelar la caña de azúcar de forma manual. La mayoría de los trabajadores son de las zonas de Guairá, Paraguarí, Caaguazú, Cordillera y Central (46% son mujeres), dueños de pequeñas fincas que siembran la caña de azúcar, destacó González.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informó, hace un mes, que el sector azucarero registró un total de US$ 59,5 millones en concepto de divisas por las exportaciones en el año 2017.
El ingeniero Diego Cabral, de la CPCJ, explicó que urge una negociación del Gobierno de Mario Abdo Benítez con la Unión Europea –mediante el bloque Mercosur– para que nuestros productores accedan a una excepción arancelaria.
“Necesitamos una negociación técnica y no política para reducir aranceles. La estrategia a utilizar puede ser la de producto diferenciado. El 50% del valor de nuestro producto va en impuestos y restan competitividad. El azúcar orgánica es un producto estrella en Paraguay”, detalló.
El azúcar orgánico local entra al Viejo Continente con un arancel de 419 euros por cada tonelada; es decir que el 50% del valor del producto repercute en impuestos que restan competitividad. Así, India, Cuba y los países de Asia, el Pacífico Este y el Caribe tienen mayor ventaja sobre nuestro país, detalló Cabral.
Agregó que nuestro país podría producir el doble de lo que hoy exporta porque el segmento que más se ha desarrollado es el orgánico. Su repunte es constante, alrededor de 4% a 6% anual crece el mercado y entre ellos está el azúcar. “Nosotros tenemos mercado, todo lo que producimos vamos a vender”, enfatizó el productor.
A su vez, lamentó que el Gobierno de Horacio Cartes le haya dado la espalda a los cañicultores. “Nunca recibimos apoyo de Cartes. Sacó de su agenda a los cañicultores. Tuvimos una helada fuerte y no nos apoyó. Lo máximo que hicieron es sacar un decreto de declaración de estado de emergencia, pero nunca nos dio ayuda económica”, lamentó Cabral.
Los cañicultores solicitan al Ministerio de Agricultura realizar gestiones para que les pueda proveer insumos. “Acá se habla mucho de créditos para la vivienda a 20 años de plazo, pero no para los pequeños productores. No pedimos nada gratis, pero sí facilidades para la adquisición de maquinarias. Igualmente, solicitan cal agrícola y fertilizantes orgánicos", indicó.
Los productores exigen al Gobierno que frene el contrabando de azúcar que ingresa a nuestro país sin ninguna limitación. “El negocio informal mata la producción local, por eso pedimos un mayor control”, refirieron.
Señalaron que los esfuerzos realizados por los organismos de control que han sido significativos resultan todavía insuficientes para controlar la ilegalidad que bloquea perspectivas mejores para la inversión y la mano de obra nacionales.