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El concejal Daniel Centurión se refirió al incidente registrado el miércoles último sobre San Martín y Mariscal López, donde el juez electoral Pedro Ricardo Arias reaccionó ante la actitud extorsiva y agresiva de una limpiavidrios. Un video de la gresca se viralizó y reavivó en las redes sociales el debate en torno a los trabajadores informales.
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En conversación con radio ABC Cardinal, el edil mencionó que el suceso obedece al incumplimiento de la ordenanza que impulsó un tiempo y que se hizo cumplir durante unos meses desde mayo de 2016. “Tres meses atrás no tuvimos un limpiavidrios en las esquinas; durante seis meses fue un éxito la ordenanza”, apuntó.
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Tras aclarar que, igualmente, está consciente de que “estas personas son víctimas de la desidia de gobiernos sucesivos y de la exclusión social”, mencionó que la normativa que impulsó no solo contemplaba resguardar la seguridad de los automovilistas, sino que, además, “tuvimos una visión social y esta ordenanza no busca otra cosa que la dignificación de estas personas”.
Sobre el actual incumplimiento, mencionó que el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, nunca tuvo voluntad de materializar la prohibición. “Como no tuvo voluntad, yo tuve que hacer el trabajo que debió hacer Mario Ferreiro, pero qué pasó: me denunciaron y dijeron que hacía funciones que no me corresponden; me tuve que retirar, exigiéndoles a los concejales que me denunciaron que hagan cumplir la ordenanza”, recordó.
Recordó que durante unos meses coordinó con la Policía Nacional la custodia de los cruces semafóricos tomados por los trabajadores informales, donde constantemente se registraban hechos de agresión contra los conductores. “Actúan en grupo de entre 10 y 15 personas; por eso son violentos, se sienten protegidos porque son muchos”, refirió.
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Al preguntársele qué queda por hacer ante este panorama, con una ordenanza que finalmente quedó en letra muerta y la reaparición de los limpiavidrios, el concejal Centurión consideró que la propia ciudadanía debe actuar y presentar una denuncia penal contra el intendente capitalino y la Policía Nacional, que –apuntó– son los encargados de hacer cumplir la prohibición de estos trabajadores informales en las calles.
Según explicó, “ante una ordenanza que es ley dentro del territorio capitalino, quién es el responsable: el intendente, quien debe hacer cumplir la ordenanza en coordinación con la Policía. Las víctimas de los limpiavidrios tienen la posibilidad de denunciar al intendente y a la Policía Nacional”, aseveró.
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El miembro de la Junta Municipal consideró que los limpiavidrios son comparables con los “peajeros. Ese (el limpiavidrios) es un peajero que actúa en la ilegalidad...”, insistió.
Volviendo al incidente que protagonizó el juez electoral Pedro Ricardo Arias, mencionó que “lo que ocurrió siembra un terrible precedente. Se le pagó G. 3 millones como resarcimiento (a la limpiavidrios agredida por el juez); él (Arias) terminó pagando”, refirió.
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Consideró que los trabajadores informales pueden usar este caso como un impulso para generar nuevos hechos violentos y posteriormente exigir dinero para evitar problemas judiciales. “Ahora se instala entre ellos que hay que agredir a la gente, esperar una reacción y luego extorsionar a los automovilistas para sacarles dinero”, indicó.
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El concejal reiteró que actualmente trabaja en un proyecto de ley para que la actividad de los limpiavidrios en las calles sea prohibida a nivel nacional, y no solo por medio de una ordenanza. Mencionó que “tenemos que tipificar... Me decía la Policía que 'no tenemos, no figura como delito' y estamos trabajando en eso (en modificar el Código Penal)”.
Consideró que “la sociedad va evolucionando, los ritos van cambiando, se van modernizando y el derecho constitutivo debe evolucionar con la sociedad, marcando normas de convivencia”. Mencionó que hay un precedente de un cuidacoches condenado por un juez por extorsionar a un automovilista. “Tenemos ya un precedente, donde un juez le condenó a un cuidacoches por coacción; en ese marco estamos trabajando”, señaló.