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“Hasta hoy estamos tranquilos; podemos estar intranquilos en una hora, pero a hoy estamos tranquilos”, dijo evaluando los números en el Senado donde está pendiente un juicio político en su contra. Sostuvo que el proceso en su contra fue iniciado por una cuestión “política” y consideró saludable que se cierre el proceso en su contra.
“Habiéndose iniciado un proceso, es más saludable para la institucionalidad, para la República, para el gobierno y la estabilidad que concluya (el juicio). Porque el hecho de instalar una acusación, en el cajón de alguien 4 meses, 6 meses, se reunieron los fiscales, lo que hace es generar incertidumbre”, refirió.
El mismo dijo que a raíz del proceso abierto en su contra, muchas veces “cuando el contralor habla y está enjuiciado, no falta el que diga: 'Qué va a decir este si está enjuiciado'”.
El caso Ivesur, una millonaria demanda que perdió la Municipalidad de Asunción en contra de la firma encargada de la verificación vehicular en Capital por no haber accionado a tiempo, es uno de los puntos centrales del libelo acusatorio contra el Contralor.
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“No tengo ningún cargo de conciencia, ninguna dificultad con haber actuado correctamente y con mucho infortunio y muchas desgracias porque pasó lo que pasó. Y no tengo ninguna duda de que esto tiene una contaminación política”, afirmó García sobre el caso donde está involucrado porque era el director jurídico de la Comuna en el momento en que no se presentó una acción, lo que obligó a la Municipalidad a perder definitivamente la demanda por US$ 3,6 millones.
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García no habría apelado a tiempo ante la justicia, por lo que habría "inventado" un documento para librarse de la responsabilidad, según determinó la Fiscalía en su momento. La causa finalmente se cerró, ya que la Comuna llegó a un acuerdo con la empresa Ivesur, renovándole una concesión a cambio de desestimar el reclamo de la deuda.
El caso también aparece entre los audios filtrados que revelaron el tráfico de influencias en la Justicia a través del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Más allá de la liviandad con que hablan Fernández Lippmann y esta chica (fiscala Nadine Portillo, encargada del caso Ivesur), el hecho no es irregular”, se defendió.
El mismo se refirió al suceso en que su pareja Romina Rolón fue a hablar con la fiscala del caso. Posteriormente el exsecretario del JEM Raúl Fernández Lippmann dialoga con Portillo sobre los detalles de la conversación sobre el caso Ivesur. Dijo que es normal que los abogados hablen con los fiscales y en esa situación Rolón “era una abogada privada vinculada conmigo en términos personales en ese momento. Hay mucho morbo en el hecho de una autoridad traficando influencias”.
“Que mueran los traficantes de influencias”, sostuvo, alegando estar en contra de esta práctica. Sin embargo, no se refirió a la injerencia del exsenador Adolfo Ferreiro, a quien también se escucha en los audios filtrados sondeando por el caso, e incluso Fernández Lippmann promete hacerle una “hoja de ruta” en el caso. Según se sospecha, Ferreiro, entonces senador y miembro del JEM, habría operado para congelar la causa contra García.
El contralor también defendió al director de Contrataciones de la Contraloría, Maximiliano Ferreira, quien –reconoció– fue nombrado por cupo político, pese a graves cuestionamientos entre sus antecedentes. Se trata de quien fuera administrador de la gestión de Albino Ferrer (ANR) en San Lorenzo.
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“Las referencias nos llegan por medio de los diálogos en la relación con los políticos. Los políticos nos piden todos los días eso. Claro que podemos decirle que no y podemos decirles que sí también”, dijo García, y en este caso afirma que opta por mantener en el cargo a Ferreira.
“La cuestión de las graves sospechas tiene un valor relativo, importante, a veces está la indignación ciudadana y ese es un dato que hay que atender, pero no siempre es un dato significativo”, justificó relativizando las acusaciones en contra de su funcionario.
“Todos los cargos de confianza están a prueba siempre”, agregó, diciendo que supuestamente analizarán el accionar, pero de vuelta lo defendió considerando que “vamos a tener un buen año en 2019 en el sentido de la detección de irregularidades detectadas en Contrataciones Públicas con relación al gobierno que se fue”.