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Numerosas denuncias por delito ambiental fueron presentadas por las más de 150 familias que viven en la zona comprendida entre Zárate Isla e Ykua Karanday, de Luque, afectadas por el constante olor, los animales carroñeros y los residuos sólidos que son vertidos por los mataderos al arroyo, sin realizar el tratamiento de efluentes correspondiente.
“Los cuervos y los perros vienen hasta el lugar a comer los residuos, está lleno de moscas, el olor es insoportable”, expresó Hugo Ovelar, uno de los afectados. Este también relató que la contaminación del arroyo y los espacios cercanos a los mataderos están ocasionando enfermedades en los pobladores. “A los niños les salen ronchas y muchos tienen problemas del estómago”, señaló. Además, recalcó que con el calor el olor es todavía peor, lo que no les deje dormir en las noches.
El denunciante pide que las autoridades intervengan los mataderos y que establezcan las sanciones correspondientes a los delitos ambientales que comenten. Aclaró que no pide que se clausuren ni cierren, si no que estos cumplan con las normas y vean la forma de tratar correctamente los residuos, para que los residentes no sufran las consecuencias.
Guillermo Fernández, abogado de la comisión vecinal, mencionó que tanto en la Fiscalía de Delitos Ambientales como en la Municipalidad y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (ex Seam) se dilatan los procesos de intervención a estas empresas, sin dar una respuesta concreta a las denuncias de los vecinos.
La denuncia ante el ministerio fue hecha en mayo de este año. Los encargados de esta institución informaron en esta oportunidad que ya tenían un sumario administrativo abierto contra el matadero Tio Kelé y que estaba en manos de la Dirección de Asesoría Jurídica, a cargo del Abog. Hugo Enrique Cañiza y del Juez Instructor Abog. Marcos Galeano.
Casi en simultáneo a esta denuncia, los pobladores de la zona presentaron una acusación ante la Municipalidad de Luque. Según señala Fernández, la misma quedó parada por meses en la Dirección de Higiene y Salubridad, a cargo de Cristian Gil. Luego de mucha insistencia, pasó a la Dirección de Salubridad, a cargo de Salomón Ayala. La respuesta de la comuna ante el hecho fue que ellos a más de verificar si las empresas están habilitadas, no tiene potestad de sancionar o clausurar los locales, según expresó el abogado defensor.
Luego de las denuncias ante el municipio y el MADES, los vecinos recurrieron al Ministerio Público, donde esta quedó a cargo del fiscal Jalil Rachid. En comunicación con ABC Color el fiscal aseguró que desde el Ministerio Público se están realizando todos los procedimientos pertinentes. Comentó que se efectuaron las intervenciones en el sitio y que se constataron algunas irregularidades, por ello el matadero J&M tiene un requerimiento de suspensión condicional de procedimientos mientras que del matadero Tio Kelé aún aguarda el informe técnico.
Asimismo, explicó que las faltas en las que incurren en estas empresas se pueden subsanar pero que para ello se necesita la intervención del municipio, que hasta ahora no se constituyó en el lugar.