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La orden de captura fue librada por la fiscala María Alejandra Savorgnan, asignada a la Fiscalía de Caacupé. Además de Muñoz, se pide también la captura de Félix Mendieta, por los mismos hechos punibles. Ambos enfrentan procesos por supuesta comisión de un hecho punible contra el patrimonio, estafa y lesión de confianza; y producción de documentos de contenido falso.
De acuerdo a la orden del Ministerio Público, el exjefe comunal deberá guardar reclusión en la Comisaría 1ª de Caacupé, y estará a disposición del Juzgado Penal de Garantías, informó la corresponsal de ABC Color, Desiré Cabrera.
Hace unos días, el ciudadano Melanio Arzamendia denunció al exintendente de Atyrá luego de enterarse de que a su nombre se cobraron G. 11.950.000 en la Comuna local. Dicha autoridad municipal se había presentado a las elecciones del domingo para intentar un segundo mando, pero perdió.
Arzamendia figura como un jornalero contratado por la Municipalidad de Atyrá para la realización de trabajos de limpieza de caminos y calles, desde enero a julio del 2015. Su nombre y firma falsa figuran en un contrato y planilla de pago, que también lleva la firma del exintendente Martín Muñoz y del extesorero Fernando Mendieta.
Dicho poblador tomó conocimiento de que usaban su nombre a través de la divulgación de la planilla en las redes sociales, con el mote de planillero. Su padre, Melanio Arzamendia, tuvo una descompensación cuando se enteró que la víctima figuraba en la plantilla.
El afectado es mecánico de motos y trabaja en un taller de Caacupé, dijo. A causa de dicha situación fue a la Municipalidad, donde le mostraron documentos con sus firmas apócrifas. Por esto decidió realizar una denuncia penal en la fiscalía de Caacupé, el pasado 3 de noviembre. Este sería solo uno de varios casos similares, pero cuyas víctimas no se animaron a denunciar.
Tras el traslado de Muñoz a la comisaría, recibió visitas de sus correligionarios, quienes llegaron hasta la sede policial en solidaridad con el detenido. Entre ellos, el intendente electo Diego Riveros, y el diputado Milciades Duré.
El legislador, tras la visita a Muñoz, se encontró con el comandante Alberto Ruiz Díaz, jefe de orden y de seguridad de Cordillera en una reunión privada. Mientras tanto, el exintendente fue llevado al hospital regional para una inspección médica de rutina.
Además, varias irregularidades se señalan dentro de la administración de Muñoz. Por ejemplo, la Contraloría detectó supuestas sobrefacturaciones en construcciones de escuelas con dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). También se llegó a denunciar la existencia de planilleros en el rubro de jornaleros por G. 47.800.000, pagados con fondos de royalties.