San Lorenzo: dilatan pedido de intervención

Los concejales de San Lorenzo postergaron el estudio del pedido de intervención a la administración del intendente Albino Ferrer (ANR, cartista) y decidieron pedir al jefe comunal informes sobre las denuncias en su contra.

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En la sesión odinaria convocada para este miércoles se trató el pedido para intervenir el municipio, presentado por el concejal Nery Quiñónez (ANR, Añeteté).

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A los 11 puntos de la denuncia de irregularidades en la administración de Ferrer, los concejales liberales Ovidio Ortiz y Osvaldo Gómez, el febrerista Alfredo Lezcano y Silvia Mendieta, de Juntos Podemos, presentaron una minuta con cuatro puntos más, informaron las periodistas de ABC Color Antonia Delvalle y Gladys Villalba.

La solicitud también contó con el apoyo de Freddy Franco (PLRA), pero los ediles Alcibiades Quiñónez (ANR, Añetete) y Nelson Peralta (colorado cartista), plantearon pedir informes al intendente. Si las respuestas del jefe comunal no satisfacen los puntos cuestionados, recién ahí van a estudiar la posibilidad de hacer el pedido de intervención, explicaron.

Finalmente, el mismo concejal Nery, quien propuso la intervención, y los otros opositores se sumaron al pedido de los cartistas.

Le dan a Albino Ferrer un plazo de 72 horas para responder. Igualmente, contratarán una auditoría para cotejar las denuncias y el descargo del intendente. Además, el estudio de la intervención se giró a la Comisión de Legislación.

Nery Quiñónez explicó que existen suficientes indicios de hechos de corrupción que deben ser aclarados (ver infografía) y afirmó que la intervención es la mejor vía. Recalcó que la Contraloría General de la República (CGR), desde hace cuatro años, no controla la institución debido a un recurso de inconstitucionalidad.

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En caso de prosperar el pedido de intervención, la solicitud se traslada a la Cámara de Diputados, que puede aprobarla o rechazarla. En caso de darle trámite, el municipio se interviene y, de acuerdo al dictamen del equipo interventor, los diputados deben resolver si corresponde o no la eventual destitución del intendente, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley N° 317/94.

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