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El paro forzado obligó a la firma a despedir a 67 funcionarios. Directivos señalaron que no hay fecha para que los hornos vuelvan a entrar en funcionamiento. Alegan que no se expondrán a más sanciones.
Desde la inhabilitación de los hornos en junio de 2018 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades), la empresa ha dejado de operar, según vecinos de la zona.
En un recorrido realizado por las instalaciones se pudo comprobar que la fábrica no se encuentra operativa y que el personal se redujo de 97 funcionarios a apenas 30. La mayoría se encuentran en el área de administración (19), mientras que los demás realizan trabajos de limpieza, seguridad y mantenimiento de la maquinaria.
Durante la visita se pudo comprobar las adecuaciones que se están realizando en el sitio, como la colocación de una red de tuberías aspersoras sobre los hornos, que tienen como objetivo neutralizar los olores del mercaptanos, que despedían nauseabundos vapores, lo que motivó la movilización de vecinos.
En las redes sociales se viralizaron fotos y videos de una humareda, que supuestamente salia de la fábrica, que -según mencionan los directivos- era de una quema de pastizal y basura de una propiedad colindante.
Según Luis López, gerente de Salud y Seguridad Ambiental de la Fábrica, no tienen previsto que la fábrica entre a operar sino dentro de unos cinco meses como mínimo, teniendo en cuenta que aún está pendiente la culminación de un nuevo estudio de impacto ambiental ordenado por el Mades.
Además, la contratación de una empresa norteamericana, recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se encargará de auditar y verificar la calidad de aire.
El Ing. Aldo Méndez, del área de Cuidado del Ambiente, señaló que la firma presentó un protocolo para la medición de la calidad del aire que tendrá como mínimo una duración de tres meses, los primeros 90 días sin que la fábrica opere en ocho puntos diferentes, de las cuatro ciudades afectadas por las emisiones (Altos, Nueva Colombia, Loma Grande y San Bernardino). Luego, se tiene previsto que se realicen nuevas mediciones cuando los hornos se encuentren en funcionamiento, con los aspersores. Todo este proceso requiere de tiempo.
En febrero de este año, el Mades sancionó con una multa de más de G. 200 millones (3.001 jornales mínimos) a la empresa multinacional Archer SA, del Grupo Sigbras, por supuesta infracción al artículo 11 de la Ley N° 294/93, “De evaluación de impacto ambiental”.
Tanto López como Méndez se ratificaron en el hecho de que la fábrica no opera ni va a operar sin contar con los permisos correspondientes, exponiéndose de esa forma a sanciones más severas como una clausura definitiva.