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Según fuentes del Ejecutivo, se aguardan las recomendaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que el presidente tome una decisión sobre este cuestionado órgano intermunicipal que recauda millonarias sumas de dinero a través de un porcentaje de los registros de conducir que se tramitan en los municipios.
Si bien se mencionó que la semana pasada vencía el plazo límite para una definición del tema, desde el Ejecutivo afirman que tiene hasta inicios de octubre para analizar el retiro o no de parte las atribuciones de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), tal como definió el Congreso a través de una modificación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial.
Los cobros que se realizan son de G. 10.000 o G. 20.000, a través de las 250 municipalidades que integran la Opaci. Son en concepto de expedición, renovación y perforación del registro de conducir. Se estima que al año, este organismo recauda uno G. 30.000 millones sobre los cuales hay escaso control.
Justamente se acusa de manejo irregular del dinero al asesor del Presidente Horacio Cartes, Basilio “Bachi” Núñez y su familia, todos políticos colorados con base en Villa Hayes.