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A través del decreto 10.769 del Poder Ejecutivo, quedó aprobada la ley que establece la nueva Política Automotriz Nacional. La misma había sido solicitada en reiteradas oportunidades por inversionistas del sector privado que buscan explotar este rubro en el país.
La ley otorga incentivos a la producción, ensamblaje de bienes y además promueve la creación de fuentes de trabajo, incorporación gradual y creciente de valor agregado nacional, de manera a reducir la dependencia de las importaciones e incentivar la exportación.
En la legislación se establece que las autoridades competentes de aplicar la ley son el Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Subsecretaría de Estado de Industria; y el Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación.
El decreto instituye que la Dirección de Política Automotriz Nacional, denominación que tendrá una dependencia de Industria y Comercio, tendrá las funciones de recibir los nuevos proyectos de inversión y elevar los programas de producción anual para poner a consideración del ente estatal a aquellas empresas cuyos proyectos aprobados por el Consejo de Inversiones.
A través de la ley, los organismos competentes deberán expedir certificados de liberación de materias primas, componentes, kits, partes, piezas e insumos fabriles, solicitados por las empresas, para utilizarlos en la producción.
Otra de las funciones será establecer la metodología para incorporar gradualmente el denominado “Valor Agregado Nacional”, mediante la aplicación de procesos productivos básicos, siempre relacionados al programa de producción anual.
La Subsecretaría de Estado de Tributación será la entidad que verifique que los procesos sean efectivos, a través de mecanismos de gestión electrónica, siempre coordinados con el MIC.
Las normas técnicas para el sector automotriz, en cuanto a producción y ensamblaje, siempre según la ley, serán establecidas por el Ministerio de Industria y Comercio, en coordinación con el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
La legislación, que fue impulsada desde el Ejecutivo, recibió media sanción en el Senado el pasado 1 de noviembre de 2012 y el 22 de noviembre siguiente fue aprobada por el pleno de Diputados.