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Si bien los números de la violencia son alarmantes, más preocupante aún es saber que en realidad, estas cifras son muy superiores, pues no todos los casos son denunciados.
La condena más elevada que se conoce en nuestro país es la del exdirigente deportivo Adolfo Trotte, sentenciado a 40 años de encierro (30 años de prisión más 10 años de medidas de seguridad) por el asesinato de su esposa Sonia Vera, de 41 años, ultimada a tiros el 3 de julio del 2011. La pareja tenía 22 años de casada y cuatro hijos.
En diciembre último, el asesinato de Sabryna Breuer Rodríguez Alcalá conmocionó a la ciudanía, que se volcó a las calles para pedir justicia. Sabryna, abogada de 40 años y madre de tres hijos, fue ultimada en su casa. La autopsia determinó que la mujer murió a causa de golpes. Actualmente está preso y procesado por el caso su esposo Gerardo Stadecker.
En febrero pasado, el crimen de la adolescente Silveria Beatriz Cabañas Pereira causó estupor a la ciudadanía. La joven de 17 años, que se encontraba embarazada, fue asesinada a golpes y su feto arrancado de su vientre. Está preso y procesado por el crimen su expareja Rafael Florentín quien, según familiares de la víctima, no quería el hijo porque tenía una relación con otra mujer.
Al igual que los casos mencionados, detrás de cada muerte violenta de una mujer, invariablemente hay una historia de violencia doméstica que por lo general si bien es “vox populi” para sus allegados, permanecen en la nebulosa porque ni familiares ni amigos se quieren “meter” y también porque las víctimas no siempre se animan a hacer las denuncias correspondientes. Solamente en lo que va del año, diez mujeres con edades de 11 a 65 años han sido brutalmente asesinadas. El año pasado, las víctimas fatales fueron 53.
Los procesos por violencia doméstica saturan los juzgados de paz y también los juzgados penales de garantías y actualmente, hay una gran cantidad de personas en las cárceles por este tipo de delitos.
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La paternidad irresponsable es otra forma de violencia que muchas mujeres soportan, aunque no todas llegan a instancias judiciales. Los casos judicializados tampoco tienen la rapidez que se necesita y a modo de ejemplo está el juicio contra el senador liberal Blas Llano, que entre reconocimento de filiación y prestación alimentaria ya cumplió 15 años.
Datos proporcionados por la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial revelan que solamente el año pasado, se han promovido 11.201 demandas de asistencia alimentaria y 2.013 juicios de reconocimiento de filiación.
En el 2017, la Corte Suprema de Justicia destinó recursos para realizar un total de 244 pruebas de ADN para las personas de escasos recursos.