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Luego de transferir irregularmente tierras ancestrales del Pueblo Ayoreo a un particular, Rubén Quesnel, presidente del Instituto del Indígena (Indi), utilizó el argumento de que las 25.000 hectáreas del departamento de Boquerón adquiridas por la institución no pertenecían al grupo local Atetadiegosode, asentada desde el 2010 en el predio.
Esta versión queda descalificada luego de que el grupo de indígenas verificó el sábado la existencia de un antiguo asentamiento en una estancia colindante al predio adquirido por el Indi. Los ancianos de la comunidad recordaron que fue ahí el último sitio que habitaron luego de que fueran expulsados por una misión evangélica, hace aproximadamente 50 años.
El extitular del Indi Óscar Ayala y el abogado Maximiliano Mendieta, representantes legales de la Unap y miembros de la organización Tierraviva, acompañaron el procedimiento de verificación del antiguo asentamiento.
El líder de los indígenas explicó que tras la expulsión del sitio, el grupo de indígenas deambuló por varios asentamientos hasta llegar a Ebetongue, una tierra de ayoreos situado a 35 kilómetros al noreste de Filadelfia.
El predio fue adquirido originalmente por el Indi para los guaraní ñandéva en 1996. Sin embargo, éstos nunca lo ocuparon por estar ubicado en territorio ancestral ayoreo. En el 2010, los guaraníes accedieron a ceder los derechos de la tierra los indígenas originarios Atetadiegosode del Pueblo Ayoreo.
Con el apoyo de la Gobernación de Boquerón y el Indi, a través del Proyecto de Regularización de Tierras Indígenas, unas 20 familias fueron trasladadas a lo que es conocida como la comunidad Cuyabia, ubicada a 640 kilómetros de la capital, sobre la Picada 108, a 35 kilómetros al sur de Teniente Pico, del departamento de Boquerón.
En noviembre del 2012, Quesnel vendió sorpresivamente las tierras a Julia Beatriz Vargas Meza, ciudadana oriunda de Ciudad del Este, a un 6 por ciento del valor del mercado calculado, en abierta violación de la Constitución Nacional y de las obligaciones legales inherentes a la institución al que actualmente representa.
La Unión Nacional de Ayoreos en Paraguay (UNAP) demandó a Quesnel fue demandado ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. La Fiscal Alba del Valle, encargada de la investigación, no se ha pronunciado sobre el caso. Los representantes legales de la comunidad presentaron también una demanda de nulidad de la transferencia. El juez de Filadelfia ya otorgó una medida de no innovar sobre el predio.