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El candidato a presidente de la Asociación de Defensores Públicos por el movimiento Frente Autónomo de Integración Gremial, Martín Muñoz, señala que la defensoría está en un proceso de consolidación de su autonomía. "Desde 2011 fue dispuesta por el Congreso de la Nación la independencia desde el punto de vista normativo; también es autárquico en cuanto a rubros y presupuestos. Ya no somos un apéndice de la Corte Suprema de Justicia". Igualmente, apunta a que se construyen varias series propias y para el mes de noviembre se prevé la inauguración de la primera sede construida con los recursos propios de la Defensoría, en la ciudad de Santaní.
Las áreas a las cuales se abocan los defensores no abarcan solamente lo civil y penal, sino también áreas como de la niñez y la adolescencia, laboral y administrativa. "Son las ramas más comprometidas -con mayor demanda- son la penal, y niñez y adolescencia", reflexiona, al tiempo de indicar que -a nivel país- se contabiliza un total de 328 defensores públicos.
El defensor público es un funcionario calificado que concursa, al igual que los jueces y fiscales, encargándose de precautelar garantías constitucionales, a través de la defensa de las personas de escasos recursos económicos, ausentes, incapaces, niños y adolescentes infractores en la jurisdicción civil, laboral, de la niñez y adolescencia, contencioso-administrativa y penal.
El 27 de setiembre de 2013 se fundó la Asociación de Defensores Públicos. La organización busca dignificar el rol del defensor público y la defensa de todos sus derechos, en cuanto a las condiciones laborales ante los distintos estamentos.
Las elecciones de sus autoridades están previstas para el viernes 30 próximo; mientras que para esta tarde se prevé la asamblea extraordinaria que buscará la designación de miembros suplentes del Tribunal, con el fin de suplir vacancias por recusaciones del Tribunal.
Anteriormente, Muñoz había denunciado que 56 de los 310 defensores públicos fueron excluidos del padrón de las elecciones del próximo 30 de octubre. También había indicado que cuando el Tribunal Electoral iba a estudiar la inhabilitación de los Defensores Públicos, los miembros del movimiento platearon una recusación que paralizó la decisión.
"Esperemos que no se vuelvan a recusar y que no se embarre el proceso electoral de vuelta. Debe haber el quorum legal necesario para que pueda funcionar y disponer de todos los planteamientos que hicimos; sino sería, no solamente injusto, sino antidemocrático", finalizó.