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Más de una hora duró la declaración del ex fiscal general del Estado Óscar Germán Latorre durante la audiencia final en el caso de Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes demandaron al Estado por secuestro y tortura.
El exfiscal inició su testimonio comentando que no estuvo 100% al tanto de las diligencias del caso pues se encontraba fuera del país cuando el entonces fiscal adjunto, se encargó del mismo.
"Habitamos un ala para el departamento de investigación sobre el supuesto secuestro de Juan Arrom y Anuncio Martí, le dimos todos los recursos para que puedan trabajar", precisó Latorre.
También insistió en que toda la investigación se dio de manera objetiva, aunque mencionó que hubo mucha confusión sobre todo el caso. “La investigación que hicimos en el caso no tenía ningún contexto político”, manifestó.
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En un pasaje describió parte del proceso que siguieron durante la investigación del secuestro de María Edith Debernardi, que lo llevaron a la hipótesis de que Juan Arrom y Anuncio Martí eran los responsables.
Comentó que como parte de los dispositivos de seguridad se realizaba vigilancia de las casas de todos los familiares de la víctima. Así llegaron a la casa del hermano de María Edith, quien estaba casado en ese momento con la hermana de Juan Arrom.
También, según relata el exfiscal, llamativamente uno de los pedidos de rescate fue dejado en la casa la mamá de Juan Arrom y fue encontrado inmediatamente después de que éste la visitara y se retirara del lugar. Este fue uno de los elementos principales que determinaron quienes estuvieron vinculados al secuestro.
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Otro de las hechos que vincula a los demandantes con el plagio es el testimonio de Marcos Álvarez, activista político e instructor de Arron. “Este señaló que Arrom, Martí y Colmán le habían pedido que guardara un bolso cuyo contenido era dinero. Unos US$ 450 más o menos lo que entregó porque temía ser vinculado a un acto delictivo”, declaró.
Latorre se pronunció puntualmente sobre el supuesto intento de hacer firmar un documento a Arrom y Martí inculpándolos del secuestro de Debernardi. En este punto aclaró que la legislación paraguaya no admite un documento de este tipo y que el mismo bajo ninguna circunstancia podría ser considerada prueba en un juicio, motivo por el cual calificó de improbable el argumento dado por los supuestos secuestrados.
Negó las versiones en las que aseguran que una de las intenciones de los efectivos policiales era acceder al dinero que fue cobrado por el rescate.
Según Latorre, el secuestro fue planeado por personas de un movimiento político, específicamente el de Arrom y Martí. Los acusó de estar vinculados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. “Ellos abrieron la industria del secuestro”, sostuvo.
También alegó que existen correos electrónicos que corroboran comunicación entre Arrom y Martí con los miembros del grupo delictivo además de conexiones, asesoramiento y cuánto aportaron para perpetrar el secuestro. “Los secuestros fueron planificados por las FARC, incluso Juan Arrom contactó esa gente", aseguró.
Latorre fue consultado sobre la participación de la Policía en las investigaciones del secuestro de María Edith. En este contexto explicó que la Policía investigaba pero para la Fiscalía había márgenes que debían mantenerse reservados. Afirmó que las efectivos policiales investigaban pero que había información que se mantenía en secreto. "La Policía paraguaya no es confiable entonces el Ministerio Público no compartía datos ni información con la misma", aseveró.
El juez Eduardo Vio Grossi indagó sobre cómo corroboraron que los billetes que entregó Marcos Álvarez eran los mismos usados para el pago del rescate. Latorre contó en este punto que fue gracias a las fotocopias de los mismos que el esposo de María Edith realizó previamente a efectuar el pago. No se hicieron pruebas dactilares, pues con este registro ya era prueba suficiente.
También manifestó que tienen una pista sobre dónde podría estar el resto del dinero del rescate que no pudieron localizar en ese momento, pero que la investigación sobre esto la deja en manos de las autoridades.
El exfiscal fue contundente al declarar que Arrom y Martí se fugaron a Brasil cuando se estaban completando todos los elementos para acusarlos por el secuestro. Además, indicó que en el Ministerio Público obran todos los documentos que prueban el vínculo de los mismos con las FARC y la planificación de otros delitos. “Una vez liberada María Edith ya tenían planificado un nuevo secuestro. La trataron de secuestrar a Cecilia Cubas y a Natalia Zuccolillo, quien reconoció posteriormente a los hombres que intentaron capturarla”, aseveró.
En la parte final de su testimonio, Latorre contó que en un operativo policial llegaron a una casa donde apresaron a Carmen Villalba. Allí encontraron una computadora con archivos encriptados. Esos fueron decodificados con ayuda de técnicos alemanes que encontraron archivos sobre la vigilancia que el grupo delictivo realizaba al Ministerio Público, los fiscales intervinientes, el mismo Latorre y su familia. También se encontró el manual de procedimiento de los secuestradores.
Luego de este hallazgo, relata el exfiscal, Arrom dio una conferencia de prensa en la que afirmó se estaban plantando evidencias para inculparlos en el secuestro.
Latorre cerró su declaración con una afirmación contundente “Nosotros no perseguíamos, éramos controlados”.
Los jueces llamaron la atención al exfical por usar la expresión "mexicaneada" de forma despectiva, atribuyéndole una acción ilegal de quedarse con parte del dinero del rescate. Los magistrados no estuvieron de acuerdo con este "mote" pese a que Latorre explicó que es el término con el que se conoce normalmente a la acción.
"Es curiosa la expresión y no creo que todos la compartan", comentó el juez mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.