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Durante el primer seminario de criminalización de la pobreza que se lleva a cabo este miércoles en el Palacio de Justicia, apuntan a demostrar en base a datos concretos, cómo el sistema judicial persigue principal y casi exclusivamente a personas de estratos sociales humildes.
El abogado Maximiliano Mendieta Miranda, de la organización Desde Abajo, expuso datos del MNP que muestran que el 43 por ciento de la población privada de libertad corresponde a personas que cometieron delitos contra los bienes de las personas, es decir, robos, hurtos y, en muchos casos, de cosas insignificantes.
José Galeano Monti, coordinador del seminario, señaló en este sentido que el sistema judicial no ataca las causas de la criminalidad sino que se dedica a crear cárceles, a tal punto que en los últimos cinco años la población privada de libertad se duplicó, pasando de poco más de 6 mil a más de 12 mil.
Para peor, el 80 por ciento de estas personas está en calidad de procesados, es decir, personas cuya culpabilidad no se ha demostrado. Mientras el proceso dura y esto puede durar años, estas personas sufren distintos tipos de violaciones a sus derechos humanos.