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Los casos se descubrieron entre los años 2014 y 2015. La Subsecretaría de Tributación había realizado una serie de procedimientos en la capital del Alto Paraná y se hizo de una serie de documentos que según la subsecretaria Marta González probaban una evasión al fisco por un monto de G. 1.539.143.584.607. Esta denunció el hecho ante la Fiscalía.
En febrero del año pasado la fiscalía imputó a los propietarios de Fenicia Group, Ahmad Bahjat Nasser (más conocido como Armando Nasser, cónsul honorario de Italia en Ciudad del Este; y de Croacia en Curitiba, Brasil); Luis Alberto Valiente Acosta, de Bega Imp. Exp. SA; Inocente Barrios Rojas, de Archie SA; Julio César Vera Melgarejo y Charles Edison Doldán, de Tenuc; Munir Hassan Awad y Mohamad Hassan Awad, de Gametec SA; Abdul Hadi Bassal Hassan, de HB Games; Youssef Ali El Hussein, de World Games; Hugo Martínez Melgarejo, de Victoria Serice; Ramón Sánchez Acuña y Eleonora Caracelli, de Braspy SA, y En Lin Tang, de Ñandutí Representaciones.
Sin embargo, a inicios de marzo de este año solicitó el sobreseimiento provisional para todos ellos. A esta lista se sumarán ahora otros más, entre ellos los hermanos Jihad Alawieh, Mohamad Alawieh y Hassan Alawieh, de origen árabe y propietarios de la firma PMCE ATC S.A., también de Ciudad del Este. La Fiscalía alega que no tiene suficientes pruebas para sostener la acusación, pues había solicitado informes a la Secretaría de Tributación, pero los mismos no fueron respondidos.
Con respecto a algunos imputados también con pedido de sobreseimiento provisional, el agente del Ministerio Público refirió que faltan las conclusiones de pericias realizadas por el licenciado Walter Oviedo con relación a los despachos de importación desde los años 2012 al 2015, entre otras diligencias.
La Secretaría de Tributación sin embargo, a través de un comunicado desmintió al fiscal manifestando que todos los requerimientos fueron respondidos el 4 de enero pasado. La decisión de desvincular provisoriamente del proceso a los más arriba señalados queda en manos de la juez de Garantías, Lici Sánchez.
El fiscal Cabrera fue recusado y está interinando el caso Leonardi Guerrero. Si se hace lugar al pedido fiscal, el Ministerio Público tiene un año de plazo para reiniciar la investigación y si no lo hace todos 15 imputados quedarán impunes, que es lo que se teme, de acuerdo a lo indicado por fuentes del Poder Judicial.