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“Si sacan también la ley de INC (cementera estatal), Petropar, Capasa (fábrica de cañas), en unos años absorben buena parte del fondo de jubilaciones, por eso el IPS lo considera inconstitucional”, señaló el titular Consejo de Administración de la institución.
La normativa, que fue vetada por el Poder Ejecutivo y obtuvo sanción ficta el 15 de octubre, establece que los trabajadores de la siderúrgica podrán acogerse a la jubilación ordinaria una vez que cumplan veinte años de servicio dentro de la fábrica, en forma alternada o ininterrumpida. No se tendrá en cuenta para el efecto la edad y le corresponderá el cien por ciento del salario que percibe al momento de cumplir con los requisitos de la ley.
“Estudios financieros revelan que este tipo de jubilaciones producirían al IPS una pérdida económica de cerca de 4.700.000 dólares por año”, señaló Pedro Halley, el coordinador de Jubilaciones de la previsional.
Los responsables anunciaron que esperarán la publicación de la legislación para presentar una acción de inconstitucionalidad.