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El miércoles, canciller Luis Castiglioni afirmó que hay que hablar con pruebas. “No sé a qué pruebas se refiere. ¿Cuáles son las cuentas? ¿A nombre de quién está? ¿Dónde están?". En una carta enviada a ABC Color, Emanuele Ottolenghi, miembro destacado de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Washington D.C. (EE.UU.), le responde
La carta, reproducida in extenso, reza lo siguiente: "El miércoles pasado, el Canciller Luis Castiglioni se irritó por unas declaraciones del ex congresista estadounidense Robert Pittenger, el cual sostuvo que el grupo terrorista de Hezbolá blanquea dinero en Paraguay. El ex congresista hizo sus declaraciones durante la décimo tercera edición del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad. El foro, realizado con la Coordinación Nacional para el Fortalecimiento del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (Ala/Cft), con el apoyo de la Seprelad, la Cancillería, el Banco Central del Paraguay (BCP) y Parlamentarios Paraguayos, benefició de la participación de expertos internacionales y representantes de alto rango del gobierno paraguayo.
El Canciller Castiglioni insiste que el gobierno paraguayo “tiene las manos desatadas para combatir con fuerzas, firmeza y coraje al crimen transnacional y a todos quienes son cómplices” y pide pruebas al ex congresista.
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La verdad es que el canciller no debe ir lejos para buscar pruebas concretas. Puede empezar confirmar los casos y hechos que investigaron e investigan agentes fiscales paraguayos. Las evidencias de las cuales tienen suficiente material, deben inducir al Canciller a reconsiderar sus palabras. Debió considerar, por ejemplo, a Nader Mohammad Farhat y Mahmoud Ali Barakat, recientemente extraditados de Paraguay a Estados Unidos, gracias al trabajo conjunto de fuerzas de seguridad, fiscales paraguayos y estadounidenses.
Muchas de las evidencias contra ellos son resultado de acciones judiciales que se realizaron en el Paraguay el año pasado. Autoridades judiciales allanaron la casa de cambio de Farhat, su habitación, y Planeta Cell, el local comercial de Barakat. Existen cheques de varios bancos paraguayos, incautados durante los allanamientos que forman parte de las pruebas del caso. Se sabe, concretamente, cuáles son las cuentas, a nombre de quien están, y en qué banco.
Ahora, las autoridades estadounidenses están analizando detalladamente la información. Con el desarrollo del procedimiento judicial contra los dos y sus cómplices, muchos de los documentos ya están públicos. Emerge un esquema gigantesco, al cual ambos los dos libaneses naturalizados paraguayos participaron con cómplices en EE.UU., que comerciaban en electrónicos con empresas de Ciudad Del Este, incluida Planeta Cell. El comercio de electrónicos era solo una fachada. Al anunciar la detención de otros imputados en EE.UU., las autoridades estadounidenses vincularon el esquema al lavado de dinero por tráfico de droga. Las empresas utilizaron a numerosos bancos en Estados Unidos, Brasil, y Paraguay.
Hay otros casos, como el que se está juzgando en Miami. El esquema de lavado y comercio de marcas electrónicas internacionales falsificadas implica a un ciudadano libanés con socios connacionales en Hong Kong y en la Triple Frontera. El socio en Hong Kong es el primo de uno de los socios en la Triple. Ambos primos son miembros de un poderoso clan, con sus raíces y su base operacional ubicada en un conocido centro comercial (en Ciudad Del Este) que tiene su apellido familiar. Fuentes cercanas de la fiscalía de Miami también hablan del apoyo material a Hezbolá en este caso. El dinero se transfirió desde casas de cambio en Ciudad Del Este y en Brasil, y vía varias cuentas bancarias de otros países.
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Se sabe, concreta, judicial y claramente, a cuáles pruebas se refiere Pittenger. El problema no es la falta de pruebas o evidencias. Lo que realmente falta es: la voluntad del gobierno paraguayo de reconocer que su sistema judicial y su clase política están faltos de transparencia e integridad. Y hay que reconocer el desafío de la ilegalidad en la Triple Frontera, si los gobernantes paraguayos quieren evitar que el país reingrese en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional como una jurisdicción de alto riesgo para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Hasta hoy, hay esquemas gigantescos de lavado de dinero en la Triple Frontera, casos como el “Megalavado” y la “Megaevasion,” que se investigaron en los últimos años sin éxito. En vez de realizar imputaciones, y llegar a condenas, el sistema judicial parece estar paralizado. Cuando se moviliza, es para sobreseer imputados. Un ejemplo concreto es el reciente caso del Juez Ayala Brun que sobreseyó y absolvió a 27 imputados de la Megaevasion, Otros casos: la extradición del jefe narco, Jarvis Pavao, la cual fue bloqueada por un juez corrupto en diciembre 2017. Y la fuga, siempre en diciembre en 2017, de dos narcotraficantes turcos vinculados a Hezbolá.
No faltan las pruebas. Existen, y no se pueden negar con retórica política. A muchos gobernantes paraguayos le falta mayor coraje para reconocer que su país se transformó en un paraíso de malandros con la complicidad y la bendición de algunas de sus máximas autoridades electas por el voto popular, que hablan mucho, pero hacen muy poco para cambiar la situación".