Entre 150 y 300 personas pertenecientes al pueblo totobiegosode viven en los bosques que se extienden desde el Chaco central hasta más allá de la frontera con Bolivia.
Esa existencia se ve amenazada por el avance de la deforestación, señaló Tauli-Corpuz en una rueda de prensa en Asunción.
“Mi recomendación general al Estado paraguayo es que garantice los derechos de los ayoreo totobiegosode y el acceso a sus recursos”, declaró, después de realizar una visita de una semana a distintas comunidades indígenas del país suramericano.
La relatora dijo que “no es suficiente con pequeños fragmentos de tierra”, sino que los pueblos necesitan recuperar sus territorios de donde fueron expulsados en las últimas décadas.
“Necesitan tierras para el desarrollo de su forma de vida, necesitan estar en contacto con la naturaleza, necesitan sus bosques, si no, desaparece su cultura”, añadió.
Tauli-Corpuz aseguró que harán un “pedido de acción urgente” al Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial para intentar proponer soluciones a los problemas de este pueblo indígena que también habita en Bolivia.
La comunidad indígena descubrió el mes pasado a supuestos empleados de la firma Itapoti S.A. instalando postes y cercas para apropiarse de gran parte de la reserva, según una denuncia que presentaron ante la Fiscalía.
La denuncia fue efectuada por un grupo de los ayoreo totobiegosode que vive fuera del aislamiento desde hace años y que se encarga de controlar el territorio para evitar los continuos intentos de depredar sus bosques por parte de extraños.
Uno de los siete miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , el brasileño Paulo Vannuchi, visitó recientemente Paraguay ante la “preocupación” por la situación de riesgo que vive el último pueblo indígena aislado en América fuera de la Amazonía debido a la tala ilegal.
La comunidad indígena acusa también a la empresa brasileña Yaguareté Porá, que posee 78.500 hectáreas en la zona, considerada territorio ancestral de los nativos, de talar de forma ilegal unas 4.000 hectáreas de bosques entre abril y septiembre de este año.
La comunidad denunció a la empresa por deforestar la finca que posee e incluso por cortar árboles ilegalmente en la reserva natural titulada a nombre de los indígenas.
Los ayoreo totobiegosode recalcan que la deforestación no solo pone en peligro el ecosistema único del Chaco Boreal, sino la supervivencia de sus familiares, que rehusaron salir del bosque y el contacto con la civilización occidental.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha emitido tres sentencias en contra de Paraguay por la violación de los derechos de los pueblos indígenas que viven en el país, que el Gobierno aún no ha cumplido.