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En un comunicado a la opinión pública, la bancada de senadores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) afirma que la fiscala de J. Augusto Saldivar, Brígida Aguilar, “tuvo una actuación lamentable que debe ser calificada como ‘mal desempeño de sus funciones’ por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y por lo tanto removida de su cargo”.
Recuerda que, el pasado jueves 14 de enero, la agente del Ministerio Público imputó al intendente Ortiz por la supuesta perpetración del delito de lesión de confianza, como así también de la contadora la comuna, Elva Beatriz Corvalán Díaz, ordenó la detención de ambas personas y requirió al Juez Penal de Garantías la prisión preventiva “como también otras insólitas medidas como la ‘suspensión de la cuenta corriente de la Municipalidad de Ypané que tiene en el Banco Nacional de Fomento”.
“Según el Código Procesal Penal, las imputaciones presentadas por los Fiscales deben tener una relación sucinta de los hechos y sobre todo debe estar fundada. La imputación de referencia no está fundada y no tiene ninguna descripción de los hechos que se le atribuye a los imputados. No existe ningún elemento convincente que pueda demostrar preliminarmente sobre la existencia del hecho punible de Lesión de Confianza pasando por alto las disposiciones del Código Procesal Penal y el criterio de objetividad con que deben actuar los Fiscales”, indica el comunicado.
Acota que otra “demostración de mal desempeño de sus funciones” de la fiscala es que uno de los fundamentos del pedido de prisión preventiva “es la tremenda ‘confusión’ del hecho punible de Lesión de Confianza como crimen, siendo que claramente se trata de un delito”.
“Luego de esto y de manera injustificada demostrando ignorancia de la ley e inmadurez la fiscala Brígida Aguilar se inhibió de seguir entendiendo en la causa. Definitivamente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe actuar de oficio y enjuiciar a la fiscala Brígida Aguilar y luego removerla del cargo”, concluye el comunicado, que lleva la firma del senador Fernando Silva Facetti.
El jefe comunal está imputado por la fiscala Brígida Aguilar (quien se inhibió el lunes), bajo el cargo de un supuesto desvío de G. 1.850 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Horacio Ortiz y la administradora, Elva Beatriz Corvalán, ofrecieron G. 4.000 millones de fianza para evitar la cárcel y el juez otorgó la libertad ambulatoria, pero ambos no podrán ingresar a la Municipalidad.