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Entre los procesados aparecen la directora de la firma Lainuz S.A., Carmen Carolina Fernández de Peralta (43), empresa que realizó los trabajos de remodelación de la plaza "Agustín Van Aaken" donde ocurrió el hecho, y los arquitectos Pedro César Duarte Núñez (53) y Asunción Beatriz Maidana Vega (52), de la Dirección de Área Urbana y de la División de Obras Municipales, respectivamente.
El proceso penal contra los citados es por los hechos punibles de homicidio culposo y actividades peligrosas en la construcción.
Según el acta de imputación, el 3 de enero del presente año, a las 18:00 aproximadamente, la pequeña Sara Amapola Insfrán Torres se encontraba jugando en la plaza Agustín Van Aaken y al caminar sobre un cantero que rodea a un árbol sufrió una descarga eléctrica.
La pequeña fue socorrida y trasladada al hospital de la Fundación Tesâi, donde estuvo internada por 17 días hasta que finalmente falleció el 20 de enero por un “edema cerebral difuso post electrocución. Quemadura por electrocución.”
En el marco de las diligencias de investigación, una comitiva de la Fiscalía y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se constituyó a la plaza y constató el grave incumplimiento de las exigencias del cuidado técnico que requieren los sistemas de instalación eléctrica en espacios públicos. El escrito de imputación sostiene que la empresa constructora Lainuz S.A., dirigida por Carolina Fernández, entregó el trabajo de mejoramiento de la plaza a la Municipalidad esteña, el 30 de marzo de 2015, de manera irregular, y los arquitectos Beatriz Maidana y Pedro Duarte recibieron la obra, sosteniendo que fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Comuna.
Sin embargo, un informe técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sostiene que las instalaciones eléctricas no fueron realizadas conforme a tales especificaciones, ni se respetaron las reglas generales de la construcción. Esta situación generaba un peligro constante a las personas que acudían a la plaza de referencia y en un hecho condicionante para que se produjera la descarga eléctrica que sufrió la niña, que posteriormente le causó la muerte.
El Ministerio Público solicitó 6 meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo, y del mismo modo requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los imputados.