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LUQUE. Se trata de Felicia González, una activista política del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en Luque, quien confirmó que efectivamente el centinela fue quien acudió hasta su casa a bordo de una motocicleta, a pedido de la propia sospechosa, para trasladarla hasta su casa en el barrio Julio Correa. También se encargó de ocultar el arma homicida y las pertenencias de la víctima.
El reconocimiento se llevó a cabo en la mañana de este lunes en el Juzgado Penal de Garantías de Luque, a cargo de la jueza María Fernánda García de Zúñiga, confirmó la fiscal de la causa María Luján Estigarribia.
Según la representante del Ministerio Público, la diligencia se hizo bajo el concepto de anticipo jurisdiccional de prueba para sostener una acusación contra el sindicado, que soporta una imputación en su carácter de cómplice y se encuentra privado de su libertad en la cárcel de Tacumbú desde el año pasado.
La fiscala explicó que la audiencia se concretó en la tercera oportunidad, debido a que en las dos primeras se suspendieron por no reunirse todas las partes.
Dijo que la investigación está bien encaminada y confirmó que tiene tiempo hasta el 22 de octubre próximo para presentar acusación contra los dos principales sospechosos.
También confirmó que no solicitará la reconstrucción de los hechos, alegando que cuenta con evidencias relevantes como cruces de llamadas y celdas de ubicación de los sospechosos.
La funcionaria judicial María Verónica Antonella Gariazu Escobar (29) fue asesinada de tres balazos en octubre del año pasado y su cadáver fue hallado dentro de un automóvil abandonado al costado de la cancha de Rubio Ñu, en la zona del asentamiento San Carlos, de Luque.
En principio, la Policía concluyó el crimen de Verónica como pasional, pero la familia insiste en una “quema de archivo”.
El cuerpo de Vero, como era conocida la joven estudiante de administración que estaba a punto de ser nombrada como jefa de Recursos Humanos del Poder Judicial de Luque, fue encontrado en la mañana del 11 de octubre de 2014 dentro de un coche Nissan Sunny, perteneciente a su pareja, Diego Armando Coronel.
Luego de la inspección médica, se confirmó que acusó tres balazos además de presentar golpes en el seno derecho y escoriaciones en el cuello.
Días después del inesperado hallazgo, la Policía detuvo a la abogada Ninfa Cibeles Morales, en carácter de autora material del homicidio, y al guardia de seguridad Juan Carlos Vergara Pérez como cómplice. Están imputados. Los investigadores dijeron en aquel entonces que la funcionaria judicial y la abogada mantenían una relación sentimental, que habría desencadenado en el violento crimen.
Sin embargo, la familia de Verónica desde un principio rechazó esta hipótesis y pidió investigar su entorno laboral, al insinuar una posible “quema de archivo”, porque la chica manejaba datos muy sensibles, teniendo en cuenta que también trabajaba como secretaria privada del abogado Rodrigo Blanco, hijo del cuestionado ministro de la Corte Sindulfo Blanco.
Precisamente en el estudio jurídico de Blanco se conocieron Verónica y Ninfa, quien a su vez, trabajaba como abogada externa, según se desprende de la carpeta fiscal.
La fiscal que inició la investigación, Zully Figueredo, también había solicitado la prórroga de la investigación por proseguir con la pesquisa, que luego quedó a cargo de su colega María Luján Estigarribia, según se pudo conocer.
Estigarribia tiene tiempo hasta el 22 de octubre próximo para presentar acusación contra Morales y Vergara. Ambos están imputados y continúan en prisión, confirmaron este lunes.